Panamá, 5 ago (PL) El rechazo de la cancillería a un nuevo recurso de la defensa para evitar la solicitud de extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) deja abierto hoy la continuidad del proceso, según sus abogados.
Uno de los recursos era una oposición al pedido de extradición y el otro era una advertencia de inconstitucionalidad del proceso legal que sigue actualmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por delitos relacionados con espionaje telefónico durante su mandato presidencial.
Al informar en junio pasado la recepción de los documentos, el MIRE aseguró en una nota oficial que "tan pronto se confirme que los mismos están en regla, la cancillería anunciará sus próximos pasos de acuerdo con el procedimiento", y aclaró que "actúa únicamente como canal o conducto entre el órgano judicial y el país que recibe la solicitud".
La CSJ aprobó el 21 de diciembre solicitar a Interpol (Policía Internacional) la detención preventiva de Martinelli y pedir a Estados Unidos su extradición a Panamá, tras ausentarse a una audiencia acusatoria en su contra, según fuentes judiciales.
El magistrado fiscal Harry Díaz sustentó su propuesta en que existen elementos de convicción suficientes que lo vinculan a la comisión de los delitos señalados en el auto acusatorio por supuestamente ordenar la intervención telefónica a 11 de sus opositores y la desaparición de los equipos de espionaje.
La petición por estos motivos es de 21 años de prisión y la renuencia del acusado a acudir a la audiencia entorpece la marcha de la administración de la justicia, lo que permite colegir que el encausado desatiende el proceso y puede poner en riesgo las evidencias testimoniales, señaló el fiscal en el escrito.
En mayo, la defensa del encartado descalificó la legitimidad de la extradición, porque el procedimiento "no cumple con los requisitos legales", dijo entonces el jefe del nutrido grupo de abogados Rogelio Cruz al diario Panamá América, propiedad de Martinelli.
La extradición no procede teniendo en cuenta una serie de factores, expuso al periódico Alma Cortés, otra de las abogadas, quien explicó que el acuerdo de extradición firmado con Estados Unidos data de 1904 y en el mismo no se establece nada referente a los delitos tecnológicos.
Literatura judicial sobre el tema y el propio original del pacto consultados por Prensa Latina señalan que el artículo III aclaran que se aplicarán las "leyes vigentes" sobre el tema en Estados Unidos y Panamá al momento de hacer la solicitud.
ocs/orm
0 comentarios:
Publicar un comentario