La derecha del mundo arma páginas enteras y escandaliza a la población porque los Estados soberanos no firman Tratados Bilaterales de Inversión o Tratados de Libre Comercio.
Desde Estados Unidos, el especialista en arbitraje internacional y miembro del Institute for Policy Studies, Manuel Pérez Rocha*, desmitifica que la inversión extranjera se aliente con este tipo de acuerdos y de hecho, denuncia cómo hacen las corporaciones transnacionales para estafar a los países poniéndose encima de los derechos humanos.
La tesis que usted sostiene es que las demandas de las transnacionales a los Estados es una forma de ejercer presión política y económica a los países progresistas. ¿Es correcta esa lectura?
Así es, su lectura es correcta.
¿Qué pruebas tiene de ello?
Son una tendencia actual estas demandas por parte las transnacionales a países sobre todo latinoamericanos y de El Caribe, que conforman tan solo el 14% del total de los miembros del Centro Internacional de Arbitraje de Disputas para las Inversiones (CIADHI) del Banco Mundial y, sin embargo, son blanco del 46,7% de, o sea 69 casos pendientes. Hay una desproporción evidente pero, además, creciente. Los países más afectados son Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina.
¿Desde cuándo es creciente esta tendencia?
Sobre todo desde la década pasada hemos visto un aumento en general de todos los casos. En los 80’s y 90’s apenas se utilizaba pero a partir de la explosión de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), las corporaciones se dan cuenta que pueden utilizar este mecanismo para extorsionar a los gobiernos que no cumplen con sus caprichos. Y los extorsionan a través de las cláusulas de inversiones que permiten que una empresa los demanda por operación indirecta es decir por la ganancia que dejó de obtener por una política pública específica.
Es decir que cobrarían por algo que ni siquiera trabajaron…
Exacto, cobran lo que tenían esperado ganar; la ganancia que se les interrumpió por una medida, por una regulación específica que les impide llevar a cabo sus actividades. La otra tendencia que se está dando es el aumento de estos casos en la industria extractiva: petróleo, minería y gas.
¿Qué consecuencias traen estas prácticas de las transnacionales?
Las consecuencias son gravísimas. Lo que estamos viendo en los últimos años a través de los TBI y de los Tratados de Libre Comercio (TLC) es que la democracia, la soberanía y en general las relaciones internacionales se están revirtiendo de una manera sesgada en favor de los poderes de las corporaciones. Esto tiene implicaciones muy graves para el futuro de toda la concepción de las relaciones internacionales y de los derechos humanos.
¿Qué legitimidad tienen estos centros de arbitraje para estar por encima de las leyes de los Estados?
La legitimidad es la que les otorgan los TLC y TBI, lamentablemente. Estos tratados firmados de una manera irresponsables por gobiernos de nuestros países en desarrollo, estos son los que otorgan la legitimidad pero es una legitimidad sumamente acotada porque no existen, en estos tribunales, ningún mecanismo de transparencia, por medio del cual los verdaderos afectados por las corporaciones tengan ninguna entrada (…) Personalmente, creo que no tienen ninguna legitimidad pero los gobiernos están cediendo irresponsablemente la soberanía que deberían estar resguardando.
Ecuador está apuntando a explotar sus recursos minerales, ¿qué recomendaciones haría usted para que el país evite ser extorsionado por las transnacionales?
En cada contrato que se haga con una empresa específica se ponga una cláusula muy clara y muy determinante de que las disputas de inversiones o cualquier controversia se debe dirimir primeramente en las cortes nacionales, se debe buscar primero los remedios legales domésticos para poder proceder y solo cuando estos sean exhaustos, se pueda acudir a una instancia internacional no necesariamente los ya establecidos.
¿Qué opina de la propuesta ecuatoriana de que se creen centros de arbitraje regionales para dirimir las controversias?
Es muy necesario. Nosotros saludamos la propuesta del presidente Rafael Correa, le venimos dando seguimiento hace mucho tiempo y vemos que está ganando apoyo. Pero también pensamos que haya mayor voluntad política de los gobiernos para que se pueda crear esta instancia. Esperamos que países como Argentina y Brasil apoyen un tribunal de arbitraje de inversiones cobijado por la bandera la Unasur.
Al final de esta entrevista realizada por Skype, Manuel Pérez Rocha alentó tanto al gobierno ecuatoriano como a su pueblo a que sigan trabajando para salir de este sistema injusto, neocolonial, casi esclavista donde tenemos que seguir rindiendo tributo a las corporaciones del norte.
* Manuel Pérez Rocha es investigador asociado del Institute for Policy Studies; ha trabajado muchoa años con la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y continúa formando parte de su comité ejecutivo. También ha trabajado con Oxfam Internacional en campañas sobre comercio en la región de Centro América, México y El Caribe.
(Tomado de Contrainjerencia)
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