Durante 2011 más de un millón 400 mil personas, entre ellas 600 mil niños, debieron recibir algún tipo de ayuda urgente, casi el doble de 10 años atrás, asegura en su informe anual la agrupación no gubernamental.
Precisa la institución que muchos de estos casos ya habían requerido asistencia uno o dos años antes, lo cual significa que la situación de precariedad tiende a mantenerse durante períodos cada vez más prolongados.
El 58 por ciento son familias monoparentales, casi siempre madres solteras que por el cuidado de sus hijos son rechazadas para acceder a un trabajo fijo y deben aceptar tareas temporales con una baja remuneración.
Lo más común, señala el texto, es que los ingresos resulten insuficientes para la compra de los alimentos y la ropa indispensables, el pago del alquiler y las facturas de electricidad, gas y agua.
Otro fenómeno preocupante, según la ONG, es que esta situación se transmite de padres a hijos debido a la falta de oportunidades de preparación y el creciente desempleo en el país, cuyas consecuencias son peores para quienes carecen de calificación.
Según Bernard Schricke, director de la organización Acción y Defensa Francia Europa, las dificultades para obtener un puesto de trabajo es la principal causa de la precariedad en el país.
Más del 60 por ciento de los atendidos por el Seguro Católico estaban en paro, precisa Schricke, y agrega que la ayuda de emergencia es buena ante una situación precisa, pero no resuelve el problema a largo plazo.
El informe anual de la ONG propone al gobierno un plan mínimo para enfrentar las crecientes dificultades de las familias con mayores necesidades.
Sugiere en primer lugar un acompañamiento personalizado para quienes acuden a algún centro de asistencia, como la agencia estatal Pole Emploi y las misiones locales de ayuda.
Señala, además, la urgencia de incrementar el valor de las subvenciones sociales, que están por debajo de las necesidades familiares de alimentación.
Por otra parte, recomienda rebajar a este sector de la población los costos de las tarifas de transporte público, gas, electricidad y agua, así como poner un límite al precio de los alquileres y privilegiar el acceso a la educación y al empleo.
ocs/ami
0 Comentarios