El compromiso fue hecho público al filo de la medianoche por el presidente Mauricio Funes, quien convocó al diálogo, iniciado el 24 de julio pasado, y en el cual ofició como facilitador y vocero.
El arregló desató, tras 17 intensas rondas de negociación, los nudos de la controversia entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como de los partidos que cerraron filas en torno a las dos posturas.
En el texto del Acuerdo Final, de seis puntos, los dirigentes de los partidos establecieron una nueva elección de los magistrados escogidos por la Asamblea en 2006 y el 24 de abril último.
El detonante del conflicto fueron dos sentencias de la Sala de lo Constitucional que el 5 de junio declararon ilegal ambos actos del parlamento y ordenaban una nueva elección.
Los fallos son considerados inconstitucionales por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Concertación Nacional (CN) y de la Esperanza (PES).
En el Acuerdo, los partidos coincidieron en que la Asamblea elija a José Salomón Padilla miembro de la Sala de lo Constitucional, el presidente de esta, de la Corte y el órgano judicial.
Para esas responsabilidades, el parlamento escogió en abril al jurista Ovidio Bonilla, quien fue objeto desde entonces de una tenaz oposición de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Bonilla fue ratificado como magistrado propietario. Arena proponía bajarlo a la condición de suplente, aduciendo supuestos vínculos de Bonilla con el FMLN, cuestionamientos que también hizo sobre Padilla.
Además de Padilla, con el Acuerdo continuarán en la Sala de lo Constitucional los cuatro magistrados autores de los polémicos fallos de junio: Florentín Meléndez, Sidney Blanco, José Belarmino Jaime (anterior presidente de la Corte) y Rodolfo González.
Funes anunció que la Asamblea Legislativa celebrará mañana martes una sesión plenaria para elegir a los magistrados propietarios y suplentes, que es nominal y pública de cada uno, según la constitución.
El Acuerdo establece que el parlamento promoverá un profundo debate nacional sobre los límites de cada órgano del estado, cuyos resultados serán tomados en cuenta para las reformas constitucionales que sean necesarias para el fortalecimiento de la institucionalidad del país.
ocs/rl
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