Por: Manuel Robles Sosa
Lima, 12 abr (PL) Mil 500 militares peruanos mantienen hoy un cerco en torno a la zona boscosa de la región surandina de Cusco en la que se internaron un grupo armado y unos 40 civiles secuestrados el lunes.
El vasto despliegue fue confirmado por el Ministerio de Defensa, en un informe que mantiene sin precisión el número exacto de trabajadores plagiados, de dos empresas contratistas del gasoducto que sirve al yacimiento de gas de Camisea, explotado por un consorcio transnacional.
El reporte oficial indicó que tras la sorpresiva acción de los alzados se creó un comando unificado de las fuerzas armadas y la policía que dirige las acciones adoptadas en reserva por lo delicado de la situación.
Según el escrito, mil 500 efectivos militares han acordonado la zona a la que se dirigieron los alzados y los cautivos, para aislarlos.
"El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho constitucional a la vida, la libertad y la seguridad de los rehenes, y se solidariza con la angustia de sus familiares y les pide mantener la calma", añade el comunicado.
También indica que el ministro de Defensa, Alberto Otárola, supervisará sobre el terreno las operaciones en el municipio de Echarate, declarado ayer en emergencia por 60 días y donde se encuentra la localidad de Kepashiato, escenario de los secuestros.
De otro lado, familiares de los rehenes pidieron al gobierno y las empresas afectadas que negocien su libertad con los alzados, a fin de preservar su integridad.
El grupo armado, parte de una fracción de remanentes de la organización Sendero Luminoso que operan en el cercano Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Vrae), exige el pago de diez millones de dólares para liberar a los cautivos.
La demanda fue enviada en una nota a las empresas contratistas e incluye otros pedidos, como el pago de cupos de un millón 200 mil dólares mensuales y material explosivo.
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