Cobra forma posibilidad de abolir pena de muerte en Guatemala
Por: Julio Fumero
Guatemala, 12 abr (PL) La posibilidad de abolir la pena de muerte va cobrando forma hoy en Guatemala, porque bancadas fuertes en el Congreso ya expresaron su conformidad para iniciar un debate hacia ese objetivo.
Los bloques del gubernamental Partido Patriota y del mayor de la oposición, Libertad Democrática Renovada (Lider), consienten en el análisis de un decreto que haga firme la suspensión definitiva de esa sanción para reos.
En este país existe una moratoria que data de 12 años, cuando fueron aceptados tratados internacionales al respecto, como es el denominado Pacto de San José. Dicha iniciativa cobró más fuerza a raíz de la reciente visita a esta nación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, cuando recomendó al poder Legislativo suprimir ese castigo.
Pillay se basó para su petición en el artículo de la Constitución guatemalteca que da a los parlamentarios la potestad de eliminar la pena de muerte sin obligar a una reforma en la carta magna.
Medios periodísticos recuerdan que la última vez en aplicarse esa sanción, establecida por inyección letal, ocurrió el 29 de junio de 2000 cuando la recibieron dos culpables del secuestro y asesinato de una empresaria.
Ese mismo año, añaden, otro ciudadano se convirtió en el último condenado en la historia jurídica del país en ser beneficiado con el indulto presidencial.
El entonces gobernante Alfonso Portillo le perdonó la vida y le fue impuesta la de 50 años de cárcel, máxima sanción establecida en el código penal.
La Corte Suprema de Justicia conmutó a principios de este año la pena a 53 condenados y también la sustituyó por el medio siglo en prisión.
Pese a estas consideraciones, será difícil predecir cuándo podrá ser analizada en el Congreso la propuesta, debido a la parálisis en el trabajo normal del órgano hasta tanto se resuelva una interpelación al ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno.
El interrogatorio, planteado por Lider, lleva casi dos meses sin resultados concretos, para mantener detenidos los restantes puntos de la agenda legislativa como establece la norma legal de este poder del Estado.
ocs/jf
Por: Julio Fumero
Guatemala, 12 abr (PL) La posibilidad de abolir la pena de muerte va cobrando forma hoy en Guatemala, porque bancadas fuertes en el Congreso ya expresaron su conformidad para iniciar un debate hacia ese objetivo.
Los bloques del gubernamental Partido Patriota y del mayor de la oposición, Libertad Democrática Renovada (Lider), consienten en el análisis de un decreto que haga firme la suspensión definitiva de esa sanción para reos.
En este país existe una moratoria que data de 12 años, cuando fueron aceptados tratados internacionales al respecto, como es el denominado Pacto de San José. Dicha iniciativa cobró más fuerza a raíz de la reciente visita a esta nación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, cuando recomendó al poder Legislativo suprimir ese castigo.
Pillay se basó para su petición en el artículo de la Constitución guatemalteca que da a los parlamentarios la potestad de eliminar la pena de muerte sin obligar a una reforma en la carta magna.
Medios periodísticos recuerdan que la última vez en aplicarse esa sanción, establecida por inyección letal, ocurrió el 29 de junio de 2000 cuando la recibieron dos culpables del secuestro y asesinato de una empresaria.
Ese mismo año, añaden, otro ciudadano se convirtió en el último condenado en la historia jurídica del país en ser beneficiado con el indulto presidencial.
El entonces gobernante Alfonso Portillo le perdonó la vida y le fue impuesta la de 50 años de cárcel, máxima sanción establecida en el código penal.
La Corte Suprema de Justicia conmutó a principios de este año la pena a 53 condenados y también la sustituyó por el medio siglo en prisión.
Pese a estas consideraciones, será difícil predecir cuándo podrá ser analizada en el Congreso la propuesta, debido a la parálisis en el trabajo normal del órgano hasta tanto se resuelva una interpelación al ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno.
El interrogatorio, planteado por Lider, lleva casi dos meses sin resultados concretos, para mantener detenidos los restantes puntos de la agenda legislativa como establece la norma legal de este poder del Estado.
ocs/jf
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