Por: Angel Guerra Cabrera
La decisión de nacionalizar el petróleo tomada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un paso trascendental en la conquista de la segunda independencia de Argentina y de toda América Latina.
El hidrocarburo fue controlado por el Estado desde el primer gobierno de Hipólito Irigoyen hasta su privatización por el ultraneoliberal Carlos Ménem (1992).
El decreto enviado al Congreso por Cristina, cuya aprobación contará con importantes votos opositores, expropia casi la totalidad de las acciones de la nominalmente española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales(YPF) -el 51 por ciento-, declara de “interés público” el logro del “autoabastecimiento de la producción de hidrocarburos y también las tareas “de explotación, industrialización, transporte y comercialización”.
Asienta legalmente el fin de la primacía del capital sobre un recurso cuyo carácter finito, de seguridad nacional y objeto de desaforada especulación, así como su condición de palanca de desarrollo, exige como ninguno quedar bajo la total rectoría del Estado. YPF, fundada en 1922 por el legendario general Enrique Mosconi, su arquitecto y director durante ocho años, fue una entidad pública por la que los argentinos sintieron siempre un enorme orgullo, no sólo por su abastecimiento del mercado nacional sino su ostensible contribución al desarrollo económico y social y su condición de símbolo de soberanía.
Conviene recordar que las empresas de origen español han hecho su agosto en América Latina durante las décadas neoliberales mediante corruptos contubernios con personeros de los gobiernos que abierta, o solapadamente, han entregado sus bienes públicos y recursos naturales a la voracidad de aquellas. Algunas han comprado a precio de ganga para rápidamente convertirse en boyantes transnacionales como es el caso de Repsol, que debe su trasformación en gran empresa al saqueo de Argentina, o de los bancos BBV o Santander, cuyas utilidades dependen de sus filiales en la región.
El gobierno argentino responsabiliza a Repsol con la caída de 54 y 97 por ciento respectivamente de la producción de crudo y gas entre 1998 y 2011, como resultado de su política de explotación máxima de los pozos ya existentes cuando se privatizó YPF. Repsol-YPF apenas invirtió en todo ese tiempo en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos e infraestructura pues remesaba a su casa matriz el grueso de los beneficios(13 426 millones de dólares) y seguía una arbitraria política de precios, altamente lesiva para la economía argentina.
Reconvenida por Buenos Aires anteriormente, la gota que colmó la copa fue la factura de combustibles que por valor de 9 397 millones de dólares se vio obligado a importar el país austral en 2011, una grave amenaza para su balanza comercial. Con el alto crecimiento del PIB que ha mantenido nueve años y en medio de la profunda crisis energética y de la economía capitalista mundial, para Argentina es indispensable asegurar el autoabastecimiento e incluso la exportación de combustible, como argumenta el decreto. Cristina ha señalado que la medida forma parte de la integración y seguridad energética suramericana, que se sella, dijo, con el ingreso de Venezuela al Mercosur.
La iniciativa prevé el fomento de la inversión extranjera privada en el sector energético y las alianzas con empresa públicas de otros países. Es totalmente falso que ahuyentará de Argentina a los inversionistas como arguyen los neoliberales. Existe un enorme interés del capital internacional por asociarse con el país rioplatense, cuyas reservas de crudo no tradicional se calculan en 116 millones de barriles.
Argentina ha dicho que pagará a Repsol según sus leyes pero la transnacional exige una cantidad desmesurada que ya Buenos Aires ha rechazado. El gobierno de Rajoy, en una trasnochada actitud colonialista no ha cesado de lanzar amenazas contra la Casa Rosada. En lugar de hacer algo por mejorar la dramática situación de los españoles -que comienzan a emigrar a Argentina-, continúa hundiéndolos en una insondable catástrofe social. Pero eso sí, defiende a una empresa connotada evasora fiscal en España con mayoría de capital no español, que en nada beneficia a los habitantes del reino. Mientras Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia han expresado su solidaridad con Argentina -como lo harán otros gobiernos y los pueblos de nuestra América- Washington se une a las derechas hispanoamericanas en la defensa de Repsol. ¿Por qué será?
(Tomado de La Jornada, de México)
El hidrocarburo fue controlado por el Estado desde el primer gobierno de Hipólito Irigoyen hasta su privatización por el ultraneoliberal Carlos Ménem (1992).
El decreto enviado al Congreso por Cristina, cuya aprobación contará con importantes votos opositores, expropia casi la totalidad de las acciones de la nominalmente española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales(YPF) -el 51 por ciento-, declara de “interés público” el logro del “autoabastecimiento de la producción de hidrocarburos y también las tareas “de explotación, industrialización, transporte y comercialización”.
Asienta legalmente el fin de la primacía del capital sobre un recurso cuyo carácter finito, de seguridad nacional y objeto de desaforada especulación, así como su condición de palanca de desarrollo, exige como ninguno quedar bajo la total rectoría del Estado. YPF, fundada en 1922 por el legendario general Enrique Mosconi, su arquitecto y director durante ocho años, fue una entidad pública por la que los argentinos sintieron siempre un enorme orgullo, no sólo por su abastecimiento del mercado nacional sino su ostensible contribución al desarrollo económico y social y su condición de símbolo de soberanía.
Conviene recordar que las empresas de origen español han hecho su agosto en América Latina durante las décadas neoliberales mediante corruptos contubernios con personeros de los gobiernos que abierta, o solapadamente, han entregado sus bienes públicos y recursos naturales a la voracidad de aquellas. Algunas han comprado a precio de ganga para rápidamente convertirse en boyantes transnacionales como es el caso de Repsol, que debe su trasformación en gran empresa al saqueo de Argentina, o de los bancos BBV o Santander, cuyas utilidades dependen de sus filiales en la región.
El gobierno argentino responsabiliza a Repsol con la caída de 54 y 97 por ciento respectivamente de la producción de crudo y gas entre 1998 y 2011, como resultado de su política de explotación máxima de los pozos ya existentes cuando se privatizó YPF. Repsol-YPF apenas invirtió en todo ese tiempo en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos e infraestructura pues remesaba a su casa matriz el grueso de los beneficios(13 426 millones de dólares) y seguía una arbitraria política de precios, altamente lesiva para la economía argentina.
Reconvenida por Buenos Aires anteriormente, la gota que colmó la copa fue la factura de combustibles que por valor de 9 397 millones de dólares se vio obligado a importar el país austral en 2011, una grave amenaza para su balanza comercial. Con el alto crecimiento del PIB que ha mantenido nueve años y en medio de la profunda crisis energética y de la economía capitalista mundial, para Argentina es indispensable asegurar el autoabastecimiento e incluso la exportación de combustible, como argumenta el decreto. Cristina ha señalado que la medida forma parte de la integración y seguridad energética suramericana, que se sella, dijo, con el ingreso de Venezuela al Mercosur.
La iniciativa prevé el fomento de la inversión extranjera privada en el sector energético y las alianzas con empresa públicas de otros países. Es totalmente falso que ahuyentará de Argentina a los inversionistas como arguyen los neoliberales. Existe un enorme interés del capital internacional por asociarse con el país rioplatense, cuyas reservas de crudo no tradicional se calculan en 116 millones de barriles.
Argentina ha dicho que pagará a Repsol según sus leyes pero la transnacional exige una cantidad desmesurada que ya Buenos Aires ha rechazado. El gobierno de Rajoy, en una trasnochada actitud colonialista no ha cesado de lanzar amenazas contra la Casa Rosada. En lugar de hacer algo por mejorar la dramática situación de los españoles -que comienzan a emigrar a Argentina-, continúa hundiéndolos en una insondable catástrofe social. Pero eso sí, defiende a una empresa connotada evasora fiscal en España con mayoría de capital no español, que en nada beneficia a los habitantes del reino. Mientras Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia han expresado su solidaridad con Argentina -como lo harán otros gobiernos y los pueblos de nuestra América- Washington se une a las derechas hispanoamericanas en la defensa de Repsol. ¿Por qué será?
(Tomado de La Jornada, de México)
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