Madrid (PL) El Congreso de los Diputados (Cámara baja) de España dio vía libre a una controvertida reforma constitucional que prioriza el pago de la deuda y los intereses a los bancos por encima de cualquier gasto social.
Por 316 votos a favor y cinco en contra, la Cámara baja de las Cortes Generales (Parlamento) aprobó la modificación, que según sus promotores busca garantizar la estabilidad presupuestaria, aunque sus críticos la ven como una nueva concesión a los mercados.
De esa manera, el cambio en la Carta Magna, acordado el pasado 26 de agosto por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el derechista Partido Popular (PP), pasará ahora al Senado (Cámara alta) para su visto bueno definitivo, a todas luces el 7 de septiembre.
Con la reforma, avalada por el Congreso este 2 de septiembre, se incorpora a la norma suprema el principio de control del déficit, lo cual suscitó el rechazo de la opinión pública.
Sindicatos, organizaciones sociales y partidos de diverso signo ideológico denunciaron que la iniciativa atentará contra el estado de bienestar, recortará los fondos que el gobierno dedica a salud, educación o vivienda y traerá más privatizaciones.
PSOE y PP no lograron atraer al pacto a Convergencia y Unión (CyU, derecha nacionalista catalana), con la que estuvieron negociando hasta último momento dos enmiendas transaccionales que no pudieron votarse por el veto de Izquierda Unida (IU).
Al final, CyU optó por no participar en la votación del texto, al igual que hicieron IU y el Partido Nacionalista Vasco, aunque todos sus diputados permanecieron dentro del hemiciclo.
Por el contrario, los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego, Iniciativa por Cataluña Verdes (ICV) y Nafarroa Bai abandonaron el plenario en rechazo a lo que calificaron de golpe constitucional.
La mayoría de esas formaciones acusaron al PSOE y al PP, principal fuerza de la oposición, de expropiar la Constitución española y sacrificar la soberanía política, al someter la democracia a los chantajes de los especuladores.
Manifestaron que los dos partidos mayoritarios sacrificaron, además, la soberanía popular, al eludir la convocatoria de un referendo para que los ciudadanos se pronunciaran sobre este cambio en la Ley Fundamental.
Nuria Buenaventura, de ICV, remarcó que esta modificación representa una involución democrática dictada por gobiernos e instituciones extranjeras, en alusión a Alemania y Francia, y al Banco Central Europeo (BCE).
Con esta reforma, España se convierte en el primer país que responde al llamado lanzado en agosto por Berlín y París para que todos los miembros de la zona euro incluyan en sus Cartas Magnas la denominada regla de oro de estabilidad presupuestaria.
No en vano, muchas agrupaciones de la oposición han definido al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como el alumno aventajado de la canciller germana, Ángela Merkel, y del presidente francés, Nicolás Sarkozy.
Para Democracia Real Ya (DRY), plataforma nacida en las redes sociales de Internet junto al Movimiento 15-M o de los Indignados, fijar un techo de gasto limita la capacidad de financiación del Estado y con ello principalmente los gastos sociales.
Forzar el equilibrio de la balanza fiscal para garantizar el pago de la deuda a Europa implica una pérdida total de soberanía económica, advirtió el movimiento, uno de los impulsores de las multitudinarias protestas del 15 de mayo último contra la clase política española.
A juicio de DRY, la reforma constitucional propuesta por socialistas y conservadores al margen de la ciudadanía, sin convocar un referendo, supone un golpe de estado encubierto que deja indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales.
En cambio, Rodríguez Zapatero aseveró que la polémica modificación de la Carta Magna transmitirá un mensaje de confianza a los inversores, de cara a las turbulencias financieras que aún pueden estar por venir.
Sin embargo, para Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, es probable que, al igual que todas las medidas de ajuste emprendidas por el Ejecutivo ibérico desde mayo de 2010, esta tampoco sirva para aplacar los mercados.
Hasta el momento, esas políticas de austeridad no han conseguido reactivar la economía ni superar las tensiones sobre la deuda, sostuvo Sánchez-Cuenca en un artículo publicado en el diario Público.
La única solución efectiva consiste en modificar el sistema de gobierno del euro, indicó el catedrático.
En su opinión, la emisión de eurobonos o la transformación del BCE en un verdadero prestamista de última instancia son las recetas que tienen más posibilidades de acabar con los actuales problemas.
Por mucho que las naciones de la Eurozona apliquen las políticas dictadas por Alemania, las tensiones no desaparecerán, vaticinó el profesor universitario.
El debate está en el plano europeo, sin que haya apenas margen para soluciones nacionales, agregó.
De ahí que resulte tan cuestionable una medida radical como la reforma constitucional, que es una enorme concesión ideológica a la derecha y que sitúa la política económica más allá del control democrático, concluyó.
Pese a superar las tres quintas partes de los miembros del Congreso -cantidad necesaria para sacar adelante un cambio de esta índole- la nueva Constitución no será la de todos los españoles, ni siquiera la de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
A diferencia del texto promulgado en 1978, el primer cambio de calado de la norma fundamental en 30 años no es el del consenso, más bien es el de la discordia, y verá la luz sin referéndum.
* Corresponsal de Prensa Latina en España.
Por Eduardo Rodriguez-Baz*
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