Por: Julio Fumero
Guatemala, 8 jul (PL) La violencia electoral en Guatemala ha cobrado unas 30 víctimas mortales desde el primer día del año y hoy siguen aflorando amenazas de muerte a candidatos denunciadas por sus partidos.
Toca el turno ahora al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), una agrupación controversial, cuyo secretario general, Luis Fernando Pérez, hizo públicas intimidaciones a seis de sus aspirantes a cargos de elección popular, e incluso familiares.
Una de esas fue dirigida a un diputado, quien ahora busca ganar una alcaldía, y a un alcalde en funciones que quiere reelegirse, este último en la peligrosa municipalidad de San José Pinula, cercana a esta capital.
De la noche a la mañana el FRG se quedó sin aspirantes a la presidencia y vicepresidencia para los comicios generales del 11 de septiembre.
Zury Ríos, proclamada antes en asamblea general del partido, anunció inesperadamente la renuncia a correr por la máxima dirección del Ejecutivo, ocasión en la cual admitió la falta de apoyo para esa organización, fundada por su padre, el exdictador Efraín Ríos Montt.
Tristemente célebre es San José Pinula, del departamento de Guatemala, donde dos candidatos a dirigir la alcaldía fueron ya ultimados a tiros, uno de ellos junto con dos de sus colaboradoras.
Poco después contra otro más hubo un ataque y salvó la vida por llevar un chaleco antibalas, pero las autoridades lo detuvieron al probar que resultó una farsa, un autoatentado, y lo inculpan de ser autor intelectual de los dos crímenes anteriores.
La Procuraduría de Derechos Humanos afirma que del 1 de enero al 30 de junio se reportaron 30 asesinatos, 20 heridos y 31 amenazados relacionados con el proceso electoral, sean candidatos o funcionarios.
En otro orden, en la más reciente reunión semanal de fiscales de las agrupaciones políticas con magistrados del Tribunal Supremo Electoral la representante del Partido Patriota arremetió contra el alcalde metropolitano, Alvaro Arzú, por hacer campaña ilegal.
De acuerdo con la denunciante, el expresidente de la República (1996-2000) hace propaganda favorable a su Partido Unionista, por el cual está postulada a la presidencia su esposa, Patricia Escobar.
Abuso de autoridad y propaganda electoral ilegal son los señalamientos a Arzú, quien aspira a un tercer periodo consecutivo al cargo actual.
Según los argumentos, la ley electoral prohíbe a los funcionarios públicos utilizar su influencia para afectar o favorecer a determinado candidato político.
mv/jf
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