Caracas, 08 May. AVN .- El 8 de mayo de 1986 se conoció uno de los hechos más lamentables de la historia contemporánea venezolana. En el sector Barlovento, Caserío La Vaca, sitio muy cercano a la población de Yumare, estado Yaracuy, fueron capturados y posteriormente asesinados 9 dirigentes sociales.
El comando perteneciente a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), al mando del Comisario Henry López, ofrecieron la versión “oficial” de que las personas asesinadas formaban parte de la guerrilla, pero las pruebas demostraban ajusticiamiento.
Los funcionarios que participaron en el presunto encuentro armado argumentaron que se desplazaban por un lugar boscoso cuando fueron objeto de una emboscada por parte de los ciudadanos fallecidos.
Pero las evidencias fotográficas se observa que la zona donde todos los ciudadanos murieron está poblada de vegetación baja, tipo pasto, grama y maleza, todos de muy corta altura, característicos de terrenos despejados, de gran iluminación.
De acuerdo a lo que se desprende de las experticias practicadas a los morrales y a su contenido, que portaban los ciudadanos fallecidos, los mismos no presentaban perforaciones ni daños por proyectiles ni esquirlas, cuando varias de las víctimas habían presentado orificios en la región dorsal.
Esta serie de incongruencias hacía insostenible la versión oficial de los funcionarios de la Disip y del Ministerio de Relaciones Interiores, que estaba al mando de Octavio Lepage.
25 años después de ocurrida aquella masacre la versión sostenida por los funcionarios que participaron en la operación y por los representantes del gobierno de Jaime Luisinchi, quedó desmontada este viernes, luego de que los fiscales del estado Yacacuy condenaron a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez, quien admitió su responsabilidad en la llamada Masacre de Yumare.
Durante los gobiernos de la IV República el asesinato de los 9 dirigentes sociales quedaron impunes, y no fue hasta el año 2006 cuando el Tribunal 6° de Control de Yaracuy admitió la querella interpuesta por los familiares de las víctimas.
La acusación contra el general Sánchez Paz, quien era coronel para el momento de los hechos y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército, se presentó en agosto de 2009.
En esa oportunidad también fueron acusados los ex funcionarios de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip): Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega.
En junio de ese mismo año, el Ministerio Público también acusó al comisario jubilado de la Disip, Henry Rafael López Sisco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica.
A López Sisco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas.
Este exfuncionario también es señalado por su participación en las masacre de El Amparo, Cantaura y El Caracazo, además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela durante el golpe de Estado de abril de 2002.
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