TeleSUR
El represor argentino Reynaldo Bignone, que gobernó ese país suramericano durante la última dictadura (1976-1983) fue condenado este jueves junto a dos de sus colaboradores por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato (1982-1983), entre ellos el asesinato del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto.
Bignone recibió la condena junto a los represores Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez; quienes también fueron hallados culpables de "tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político" y del homicidio doblemente agravado con alevosía y premeditación de Muñiz Barreto.
El castigo, que impuso además cárcel común, también fue en correspondencia con la tentativa del homicidio del secretario de Muñiz Barreto, Juan José Fernández, quien pudo escapar de un atentado efectuado en 1977.
El proceso judicial fue llevado a cabo en el mismo Tribunal Oral Federal 1 de San Martín (noroeste), donde ya se habían declarado cadenas perpetuas a Bignone y a Riveros por la causa de otras violaciones a derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
Además de esto, a Bignone se le había aplicado en abril de 2010 la pena de 25 años de cárcel por los delitos de privaciones ilegales de la libertad y torturas a prisioneros políticos durante la dictadura.
Reconstrucción del crimen principal
El ex diputado Muñiz Barreto fue secuestrado junto a su secretario Fernández en 1977, en una carnicería de Escobar (este) por el entonces ex subcomisario de la policía bonaerense y ex intendente Luis Alberto Patti.
Tras su secuestro, se torturó a ambos hasta su traslado al centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo (este), bajo la órbita de Bignone y Riveros.
Desde allí fueron sacados rumbo a Entre Ríos (centro-este) donde se simuló un accidente de tránsito para asesinar al ex diputado. Sin embargo, en el hecho sobrevivió su secretario, que pudo escapar por la ventana del auto arrojado a un arroyo.
Por este crimen, Patti fue condenado por abuso funcional agravado por el empleo de violencia y amenazas.
Celebración tras condena
Tras la emisión de la condena contra los represores, diversas organizaciones sociales argentinas se pronunciaron este jueves en celebración al veredicto, que también fue difundido en la televisión nacional del país suramericano.
Una de las fundaciones fue la Organización de Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Estela De Carlotto, expresó que la medida “es una cura social para todo el país”.
“Todos aquellos argentinos de bien deben estar pensando: qué suerte que (los represores) ya no están caminando por la calle, porque a lo mejor me asesinan hoy a un nieto o un hijo (...) y bueno, cárcel común que es lo que corresponde”, manifestó.
De Carlotto agregó que los represores no deben tener ningún privilegio y que por eso es justo que los manden a una “cárcel donde no confabulen ni planifiquen nuevos daños a la sociedad”.
En Argentina, desde que se derogaron las leyes de amnistía en 2005, la Justicia ha condenado a más de 200 jerarcas del régimen dictatorial, mientras están en marcha otros juicios contra unos 800 ex militares y policías.
teleSUR- Télam- Efe- Afp/ lp -MM
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