Caracas, 05 Ene. AVN .- Un grupo significativo de los 65 diputados electos por la oposición, que este miércoles 5 de enero serán juramentados en la Asamblea Nacional (AN), han participado en acciones contrarrevolucionarias como el golpe de Estado de 2002, el sabotaje petrolero de 2002 y 2003, explotación de trabajadores, corrupción, entre otras.
A partir de este miércoles, las curules de la bancada opositora serán ocupados por golpistas como María Corina Machado, Enrique Mendoza, Julio Borges y Andrés Velasquez, así como empresarios sin escrúpulos como Michele Cocchiola, quien ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por evasión de impuestos y abuso contra los trabajadores.
María Corina Machado fue una de las firmantes del decreto Carmona Estanga que, en 2002, permitió instaurar durante 48 horas una dictadura en el país, desconoció la constitución y disolvió todos los poderes, incluida la Asamblea Nacional.
Asimismo, fue presidenta durante 8 años de Súmate, organización que desde su creación en 2002 recibe financiamiento de organizaciones internacionales que buscan influir en asuntos internos de Venezuela, con el fin de perjudicar el proceso Revolucionario que lidera el presidente de la República, Hugo Chávez.
Entre sus benefactores se encuentra la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), la cual depende del Congreso Estadounidense.
Machado no fue la única diputada electa por la oposición en tener en su prontuario acciones "desestabilizadoras", los también diputados electos por el estado Miranda, Enrique Mendoza y Julio Borges, tuvieron amplia participación en el golpe de Estado de abril de 2002.
Mendoza, quien en ese entonces era gobernador del estado Miranda, puso a la policía del Estado y los recursos de su gobierno al servicio del golpe contra las instituciones democráticas.
Fue él quien dirigió el asalto a la sede del canal 8, Venezolana de Televisión, en clara violación de la ley y la Constitución.
Por su parte, Julio Borges, quien siendo diputado también apoyó al dictador Pedro Carmona Estanga, participó activamente en las acciones desestabilizadoras de 2002 que llevaron a eliminar la Constitución de la República y la disolución los Poderes Públicos, incluido el Parlamento.
Otro de los golpistas, que a partir de este miércoles formará parte de la Asamblea Nacional (AN), es Andrés Velasquez, quien en junio de 2002 invitó a paralizar el país y llamó a dar un segundo golpe de Estado.
El diputado electo por el estado Bolívar fue el mismo que en el año 2002 afirmó que la Asamblea Nacional (AN) no era la solución para la oposición sino salir del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, "lo más pronto posible".
Capital con representación
El diputado electo por el circuito 3 del estado Carabobo, Michele Cocchiola, de origen italiano, es el dueño y presidente del Grupo Maderas Imeca, empresa que ha sido investigada en varias oportunidades por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), por presentar irregularidades en la elaboración de facturas de compra y venta del consorcio.
Las instalaciones de Maderas Imeca, empresa que cuenta con 32 sucursales en todo el país y con oficinas en Estados Unidos (EEUU), como reseña el portal Web delibreopinionpolitica.blogspot.com, fueron cerradas el 04 de septiembre de 2010, durante 72 horas, por funcionarios fiscales del Seniat, quienes informaron que la medida se aplicó tras detectar irregularidades en el tipeo del sistema de facturación que realizaba la empresa maderera.
En 2002, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició averiguaciones contra la empresa por la supuesta comisión de hechos punibles: "contrabando, falsificación de documentos públicos y privados, evasión de impuesto sobre la renta, falsa declaración sobre el impuesto al valor agregado (IVA), evasión de impuestos de importación entre otras", reseña una nota publicada en la página Web del TSJ.
La coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Marcela Máspero, señaló a AVN que la central de trabajadores socialistas ha recibido denuncias de varios trabajadores de Maderas Imeca por violación a sus derechos laborales.
Otro representante de sectores capitalistas que resultó electo diputado fue Eduardo Gómez Sigala, por el circuito 3 del estado Lara. Sigala, además de ser propietario del diario El Informador que circula en esa entidad, fue director de Central Banco Universal, entidad financiera intervenida en 2009 por irregularidades como: aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, tal como está previsto en las normativas internacionales, y por incumplir con los índices patrimoniales.
En 2007 su hermano y presidente del banco, Alejandro Sigala, financió a la constructora Cumberland C.A, para la Construcción del complejo habitacional "La Arboleda II", en Valera, estado Trujillo, intervenida el pasado 31 de octubre por el Ejecutivo debido al retraso que presentaba la obra.
Sigala también fue presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), ambas organizaciones que en 2002 y 2003 apoyaron el golpe de Estado y el sabotaje petrolero.
El ahora diputado electo fue imputado por el Ministerio Público, en abril de 2009, por la presunta comisión de los delitos de lesiones personales leves y resistencia a la autoridad, contra un efectivo militar de la 13 Brigada de Infantería y Guarnición Militar del estado Lara, cuando funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti), y efectivos militares se encontrabzan recuperando una finca ubicada en los Valles del Rio Turbio en Lara.
El militar sufrió una luxación en el brazo, conforme lo reflejan las actas elaboradas por las autoridades para el momento de la detención.
Por su parte, Hiran Gaviria, quien resultó electo diputado en el circuito 1 del estado Aragua, durante la campaña electoral aseguró que eliminaría el Inti, con el supuesto objetivo de otorgar la propiedad pura y simple de la tierra y restablecer la "normalidad" para el medio rural, como señaló en una entrevista publicada por el diario El Universal.
Las promesas de Gaviria de acabar con la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario buscan favorecer a los grandes grupos económicos como Fedecámaras y Fedenaga, acciones que se corresponden con su desempeño, en dos oportunidades, como ministro de Agricultura y Cría en la cuarta República, período durante el cual promovió el uso de la tierra como un medio lucrativo y no un espacio de producción agrícola.
Desde la creación del INTI, en el año 2001, se han rescatado dos millones 900 mil hectáreas y adjudicado a más de 180 mil familias que habitaban las tierras y no poseían derecho sobre ellas. Además, la superficie de siembra ha crecido 48%.
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