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El Gobierno de Colombia aprobó en Consejo de Ministros seis nuevos decretos para enfrentar la crisis que han generado las lluvias desde finales del pasado año. El Ejecutivo decidió aliviar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios a los damnificados, y ordenó que las empresas de energía eléctrica y gas natural no le cobren a los afectados por el invernal.
Asimismo, se creó un subsidio excepcional para que cubra la totalidad de costo del consumo básico a familias afectadas por el invierno, pero que no les han suspendido el servicio.
Alivios tributarios, aduaneros y cambiarios para los damnificados también forman parte de la nueva medida, adoptada en Consejo de Ministros la noche de este jueves.
El Gabinete aprobó también reducir el impuesto de renta por las perdidas ante los efectos del invierno durante el año gravable 2010. Asímismo, se podrá restar del patrimonio líquido el valor patrimonial de los bienes afectados.
La medida también está orientada a promover el seguro agropecuario con el objetivo de incentivar a que los agricultores lo adquieran contra riesgos climáticos, para que no lo pierdan todo, como ha sucedido en la actual emergencia.
En el marco de este decreto, el Gobierno colombiano dio el visto bueno al nacimiento de la Dirección Nacional de Riesgo Agropecuario, cuyo fin es evaluar posibles amenazas por sectores agrícolas, así como el Programa de Reforestación.
El Ejecutivo tomó en cuenta que la falta de reforestación es una de las principales causas de las inundaciones presentadas en esta emergencia.
Otro de los decretos aprobados por el Ejecutivo en Consejo de Ministros fue la flexibilización en el uso de recursos públicos para reconstruir y reparar colegios que no son propiedad del Estado.
De esta forma se busca garantizar la prestación rápida de la educación a los niños en zonas afectadas por el invierno, con el propósito de que ningún menor pierda clases, y evitar que se paralicen reparaciones por ser colegios privados o no estatales.
Por otro lado, para evitar que los afectados por las lluvias se vean perjudicados ante la falta de trabajo, el Gobierno de Santos aprobó un nuevo plan de empleo, que especifica con mayor claridad los requisitos para los aspirantes.
Los candidatos deben ser damnificados directamente por el invierno o vivir en zonas que han sido afectadas ampliamente por esta situación.
Este beneficio cobija a cerca 320 mil familias damnificadas y tiene un costo superior a los 60 millones de pesos (unos 32 mil 444 dólares).
Estas medidas se suman a los 27 decretos que hasta este jueves se habían expedido, como la creación de un Fondo de Reconstrucción, cuya junta será presidida por Jorge Londoño, actual presidente de Bancolombia.
El pasado 17 de enero, el Congreso colombiano aprobó la emergencia decretada por el Ejecutivo, que contó desde el comienzo del desastre natural con el apoyo de sus mayorías de la denominada Unidad Nacional, por lo que el presidente Juan Manuel Santos y su equipo tiene facultades especiales legislativas y pueden aprobar decretos con rango, valor y fuerza de Ley.
Las fuertes lluvias al cierre de 2010 causaron la muerte de 312 personas y más de dos millones quedaron damnificadas. Asimismo, las precipitaciones han ocasionado pérdidas por 10 billones de pesos (unos 5 mil 277,54 millones de dólares).
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