TeleSUR
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, denunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha arremetido nuevamante contra la institucionalidad democrática del país suramericano, específicamente contra su Asamblea Nacional (Parlamento).
Chaderon se refirió a los ataques que en un comunicado perpetró la Relatoría para la Libertad de Expresión contra el Parlamento venezolano por los debates que desarrolla sobre un proyecto de Ley Habilitante y la reforma de leyes como la de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y de Telecomunicaciones.
De acuerdo con una nota de prensa de la Cancillería venezolana, Chaderton reveló que, previo acuerdo con María Otero, subsecretaria de Estado para Democracia y Asuntos Globales de Estados Unidos, la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, arremetió contra el Parlamento venezolano al afirmar que “se están cerrando todos los espacios de deliberación democrática en Venezuela”.
Botero señaló que las reformas de leyes aumentan el alcance “restrictivo” sobre los venezolanos.
“Se están cerrando todos los espacios de deliberación democrática en Venezuela y es muy importante que atiendan el llamado de la comunidad internacional”, dijo Botero.
Estas declaraciones fueron calificadas por Chaderton como “deshonrosas” y enfatizó que la CIDH, presidida por Felipe González, es un organismo que se ha dedicado a banalizar y convalidar con su abstención la más grande violación de los derechos humanos en la historia de Venezuela, en referencia a los violentos sucesos desarrollados en la capital venezolana en 1989, conocidos como El Caracazo.
La Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión el pasado miércoles el proyecto de Ley Habilitante la Ley Habilitante propuesta por el Poder Ejecutivo para una mayor eficacia en la atención a la situación de emergencia generada en el país por las lluvias de las últimas semanas.
Este mecanismo constitucional contempla, entre otros aspectos, “diseñar una nueva regionalización geográfica del país, con la finalidad de reducir los altos niveles de concentración demográfica” en algunas zonas del territorio venezolano.
En la vecina Colombia, el presidente Juan Manuel Santos decretó la semana pasada el estado de emergencia económica, social y ecológica, una figura que le permite legislar hasta por 90 días, tomar créditos internacionales y destinar recursos presupuestales sin la necesidad de la aprobación del Congreso.
En Venezuela este tipo de permiso tiene que ser votado en el Parlamento unicameral antes de poder ponerse en marcha.
Chaderton agregó que, “una vez más les tomó menos de 24 horas a los burócratas neoliberales opinar sin intentar conocer la versión de la parte difamada, sobre temas de la política interna de Venezuela”.
“Se trata de una práctica inveterada de esos 'expertos' en Derechos Humanos y de la Señorita Relatora, que están empeñados y comprometidos en una guerra 'privada' contra el proceso bolivariano por encargo recompensado”, añadió el diplomático venezolano.
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