Por: Jean-Guy Allard
A unas pocas semanas de la apertura del juicio por perjurio y fraude migratorio de Luis Posada Carriles, la defensa del terrorista internacional que Washington se niega a enjuiciar por terrorismo pone nuevas trabas que pudieran llevar a otro, en estos procedimientos que el Departamento de Justicia usa de pantalla de humo.
Los abogados que paga la mafia cubanoamericana de Miami para representar a su protegido pretenden esta vez que el tiempo no les permite analizar correctamente los “documentos cubanos” cuya presentación autorizó repentinamente la jueza Kathleen Cardone el 16 de diciembre.
El juicio debía abrirse el martes 11 de enero de 2011 en El Paso. La selección de un jurado tendría lugar el día anterior. El gobierno de EEUU lo acusa esencialmente de fraude migratorio, obstrucción de la justicia y perjurio, cargos que conllevan sentencias relativamente ligeras. Más aún teniendo en cuenta la edad del acusado -tendrá 83 el 13 de febrero- y las numerosas enfermedades que sus abogados le atribuyen cada vez que hace falta.
En una solicitud formal ante el tribunal, los letrados del ex agente CIA afirman que “los aspectos técnicos y científicos contenidos en los documentos cubanos” son “complejos” y necesitan la intervención de expertos sin los cuales no se puede representar correctamente a Posada.
Estas evidencias están constituidas por más de 6 000 documentos relacionados con los atentados que organizó Posada en el sector turístico cubano en 1997 y 1998.
Por otro lado, la misma jueza ha negado a los fiscales federales la autorización de viajar a Cuba para entrevistar a los terroristas Francisco Antonio Chávez Abarca y Otto René Rodríguez Llerena, cómplices de Posada. Cardone no ve la necesidad, dice, de una tal comisión rogatoria a unas pocas semanas del juicio.
Estados Unidos se niega desde el 2005 a ordenar la extradición de Posada, un ex agente de la CIA, a Venezuela donde lo esperan 73 cargos de homicidio calificado por la voladura de un avión civil cubano el 6 de octubre de 1976.
La extradición de Posada es solicitada formalmente desde el 15 de junio de 2005.
Increíblemente, pero así es la justicia imperial, Posada es juzgado ante la misma jueza que en 2007, desechó los cargos que pesaban contra él por considerar que el gobierno estadounidense “trató de inculparlo indebidamente durante el proceso de naturalización”. Por poco este día hizo su apología al señalar que el viejo asesino, torturador y terrorista era un "combatiente anticastrista"
Los procedimientos dilatorios que caracterizan los procedimientos de El Paso, sirven de pretexto al Gobierno de Estados Unidos, para violar tres convenios internacionales de los cuales es firmante:
El tratado de extradición que existe entre Estados Unidos y Venezuela desde 1922 y que sigue vigente;
El convenio de la (OACI) de Montreal de 1971, donde se plantea en el artículo 7, que toda persona que atente contra la seguridad aeronáutica, donde quiera que sea detenido, debe ser juzgado por tales hechos y
La resolución 1373 de la ONU contra el terrorismo.
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