Por: María Selivánova,
RIA Novosti
La corrupción en Rusia se parece mucho a una enfermedad incurable, que independientemente del tratamiento, el paciente sólo empeora progresivamente.
Ésta parece ser la conclusión del informe de la organización Transparencia Internacional publicado el pasado 26 de octubre. El informe no trata de medir la corrupción en sí, sino la percepción de la corrupción que tienen los expertos consultados y empresarios. Por eso su título es Índice de la percepción de la corrupción en Rusia en 2010.
Con respecto al año pasado, Rusia ha perdido posiciones en este ranking, de los 178 países examinados, descendió del puesto 146 al 154. Su nivel de corrupción está al nivel de países como la República Centroafricana, Guinea-Bissau, Camboya, Kenia, Papua-Nueva Guinea y Tayikistán. Encabezan la lista Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur y la cierran Afganistán, Myanmar (Birmania) y Somalia.
No es ninguna novedad que la corrupción se lo que frena el desarrollo de la economía e impide la aplicación efectiva de la mayoría de las leyes en Rusia. El Presidente Dmitri Medvedev sin vacilar afirmó que la corrupción en Rusia es un “problema sistémico”.
Parece que no ha dado resultado la adopción de todo un paquete de leyes para poner coto a la corrupción como la imposición a los funcionarios de alto rango, diputados, senadores y sus familiares a declarar sus ingresos y prohibir recibir regalos por valor superior a los 3000 rublos (cerca de mil dólares).
Para Transparencia Internacional, “la política anticorrupción del Gobierno ruso parece que se encuentra ante un callejón sin salida”.
Toda una serie de datos parecen confirmar el empeoramiento de la situación en el frente de la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, no cesa de crecer el monto promedio de los sobornos.
De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior ruso, si en 2008 el soborno medio que daban los ciudadanos de a pie era de 8000 rublos (1 euro equivale a 42 rublos y 1 dólar, a 30.5), en 2009 prácticamente se multiplicó por tres, alcanzando los 23.000 rublos.
Este año el “sobrecito” de los sobornos parece haber engordado en un tercio: la “mordida” media ha alcanzado los 30.500 rublos. Así, el soborno medio ha alcanzado el nivel del salario medio de los funcionarios rusos (que, de acuerdo con Rosstat, el instituto oficial de estadísticas de Rusia, es de 35.000 rublos).
En este sentido, los funcionarios no consideran suficientes sus salarios y, por ello, su percepción de los sobornos es por completo distinta y, por supuesto, aceptable. Es la conclusión a la que se llega, por ejemplo, tras ver la reciente entrevista al responsable del Servicio Federal de Aduanas, Andréi Belnianínov, en la cadena de televisión “Vesti24”. El entrevistado explicó las razones por las que el organismo en el que trabaja parece ser uno de los más corruptos de Rusia, según se desprende de una investigación llevada a cabo por el portal de información Public.ru.
Resulta que los funcionarios aceptan sobornos porque reciben salarios muy bajos. “Viviendo en Moscú, no se puede sostener la familia con un sueldo de 18.000 rublos y mucho menos si el trabajo está relacionado con objetos de mucho valor”, afirmó Belianínov.
Según los resultados de un estudio basado en las noticias publicadas en la prensa, el liderazgo en la corrupción lo tiene la policía de tráfico, los maestros, los médicos y los jueces. Según el ministerio de Justicia, el número de los funcionarios encargados de la ejecución de las decisiones judiciales pillados in fraganti en casos de extorsión o corrupción ha aumentado un 75%. Se ha multiplicado por dos el número de delitos relacionados con la apropiación indebida del dinero o de los bienes de los deudores. Todo parece indicar que a estos funcionarios sus salarios tampoco les son suficientes.
Al mismo tiempo, la lucha contra la corrupción pierde eficacia. Según los datos de la Fiscalía General de Rusia, durante el primer semestre del año en curso se detectaron más de 142.000 infracciones de la legislación anticorrupción, es decir, unas 32.000 infracciones menos que durante el mismo período del año pasado. El delito más común de todos los casos analizados durante este año por los tribunales sigue siendo el soborno.
Y, además, entre el descubrimiento de un delito de corrupción y la pena por este delito en Rusia suele haber un abismo. Los datos de la Fiscalía General demuestran que, en el primer semestre de 2010, los tribunales consideraron 917 casos de sobornos, 120 expedientes más que el año pasado.
El análisis de los procedimientos revela que la pena más común para este tipo de delitos es una sentencia sin cumplimiento de pena (el 58% de los casos en 2009 y el 55%, en el primer semestre de 2010). Al 26% de los infractores se les impuso una multa y tan sólo el 16% fueron sentenciados a penas de prisión. Es curioso que el 3.4% de los acusados fueron absueltos, mientras que para el resto de las causas penales este índice no supera el 1%.
Más aun, las estadísticas judiciales demuestran que hoy en día es mucho más peligroso ofrecer un soborno que aceptarlo.
Según los datos de la Corte Suprema de Rusia, en el primer semestre de 2010 fueron condenadas por ofrecer un soborno 1.723 personas, mientras que por aceptarlo, sólo 1.009. Y eso que en la mayoría de los casos se trata de un soborno de entre 100 rublos y 3.000 rublos.
Podría pasar perfectamente que en un futuro no muy lejano aparezcan informes alentadores sobre la lucha contra la corrupción, mientras que los principales acusados serán los conductores de los coches que intentan sobornar a un policía de tráfico o unas madres desesperadas que pretenden asegurarse de que su hijo pasará los exámenes de fin de curso.
Seguramente, allí donde hay sobornos más significativos, hay también posibilidades de contratar a abogados y de recurrir a ciertos trucos administrativos para no pasar a figurar en las estadísticas judiciales.
Mientras tanto, la mejor manera de luchar contra la corrupción se conoce de sobra. Una inequívoca reglamentación de las actividades de los funcionarios y un estricto control del cumplimiento de sus obligaciones ayudarían, sin lugar a dudas, a combatir la corrupción cotidiana.
Y por supuesto un control de los ingresos y los gastos de los funcionarios públicos y los miembros de sus familias, así como castigos severos (encarcelamiento o confiscación de las propiedades) podrían elevar significativamente la eficacia de la lucha en los casos más serios.
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