Caracas, 13 Sep. AVN .- El Gobierno Bolivariano, consciente de que el problema de la inseguridad es el principal tema que preocupa a todo el pueblo venezolano, ha venido trabajando sobre respuestas estructurales para atacar este flagelo con la creación de la Policía Nacional Bolivariana; la Ley Orgánica del Servicio de Policía; la Ley del Estatutos de la Función Policial; y el Consejo General de Policía.
Así lo sostuvo el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, en el programa José Vicente Hoy, que transmite el canal privado Televen, donde destacó que aún cuando el Gobierno reconoce el problema de inseguridad que se vive en el país, “existen ciertos sectores que sobredimensionan, inclusive hasta con morbosidad, este tema que le compete a todos los niveles territoriales y poderes del Estado y no sólo al Gobierno Nacional.
El estado que tiene la mayor tasa de homicidios en el país es Miranda y la inseguridad es competencia directa del Gobernador de derecha Henrique Capriles Radonski, dijo.
Criticó que Radonski y el director del cuerpo policial mirandino vivan descalificado las políticas que impulsa la Revolución en esta materia y en esa entidad cuentan con 2.530 funcionarios, que siempre han estado ausentes de cualquier acción orientada a garantizar la paz de los mirandinos.
Acotó que el tema de la seguridad ciudadana no solamente se agota en el espectro policial, ya que la dimensión más alta de la seguridad pública también compromete a la iglesia, a las instancias educativas y a todos los sectores sociales del país.
“Sin embargo las políticas de seguridad del Gobierno de Chávez han dado resultados, y es que en la parroquia Sucre, específicamente en Catia, que permite medir los niveles de eficiencia de la Policía Nacional Bolivariana, en ochos meses la cifra de homicidios se ha reducido en un 49%; los robos en un 54,4%, y la violencia de género ha disminuido un 65,6%", destacó.
Resaltó que de los delitos que se han cuantificados, un 87% se han cometido con armas de fuego y el 13% con armas blancas.
Es por ello, que la Asamblea Nacional está trabajando en la Ley de Control de Armas y de Municiones que será aprobada en las próximas semanas, y comprende la prohibición de la comercialización de las armas por cinco años, la expedición de porte de armas por tres años, el registro de armas, la entrega voluntaria y otra serie de elementos que permiten dar una respuesta orgánica al fenómeno de la proliferación de las armas.
“Es una norma que tiene un salto cualitativo y que nos va a permitir atender este tema desde una perspectiva responsable integral y seria, y no la propuesta que está haciendo la oposición, en torno a la ley de desarme, que es un discurso sin contenido y sin propuestas que tenga un alcance factible en su ejecución”, puntualizó El Aissami.
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