Caracas, 31 Ago. AVN.- Un grupo representativo de las 167 mil familias afectadas por el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) instalaron este lunes, en la sede del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), una sala situacional con distintos organismos públicos, a fin de organizar las medidas que tomará el Estado frente a ésta y otras prácticas desviadas, aplicada por empresas del sector construcción.
El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Augusto Montiel, dijo que las medidas a tomar, todas apegadas a la ley, incluyen la prohibición del cobro ilegal del IPC, "ningún ciudadano está obligado a pagar el IPC al comprar su vivienda; el cumplimiento de los contratos y la entrega de los apartamentos culminados a sus compradores; el reintegro del dinero que cada familia ha pagado de más; el pago por daños y prejuicios, tenemos familias incluso desfragmentadas por esta situación; y la culminación de las obras que ahora están en construcción”.
"Son más de 50 desarrollos inmobiliarios que están siendo investigados por estas prácticas", expresó Montiel.
Uno de los integrantes de esta sala situacional, Carlos Mosquera, agregó que la instancia permanecerá instalada hasta que los afectados obtengan las respuestas deseadas.
“Buscamos, en primer lugar, que el Indepabis y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicte medidas de prohibición de enajenación de nuestros apartamentos, que hemos venido pagando desde hace años, en algunos casos desde hace 5 años. En segundo término, aspiramos que el Estado garantice el cumplimiento de cada contrato”.
En esta sala situacional participan, por parte del Gobierno, representantes de la Vicepresidencia de la República, la AN, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y el Indepabis.
Por otra parte, el diputado Montiel hizo énfasis en llamar a todos los venezolanos a “no firmar ningún contrato con clausulas intimidatorias”.
De presentarse este tipo de situación, los afectados pueden denunciar a través de los correos: ugustomontiel@gmail.com, mamartin@vicepresidencia.gob.ve, ipcilegal@hotmail.com o a través de la página ipcilegal.blogspot.com.
¿Por qué es ilegal el cobro del IPC?
El IPC es un indicador que maneja el Banco Central de Venezuela para evaluar el comportamiento de la inflación. Algunas empresas de construcción usan este argumento para incrementar gradualmente el precio de las viviendas, incluso antes de comenzar a construirlas.
Para tener una idea, algunas de las familias afectadas por esta práctica ilegal señalan que iniciaron planes de pago en el 2008 por un apartamento de 600 mil bolívares y que este año ese precio fue "ajustado" por las constructoras a mil 300 bolívares.
El representante de la AN fue claro al explicar que las empresas constructoras inician las obras con el dinero que adelantan los compradores, además de los recursos que el Gobierno y las entidades bancarias les financian con tasas de interés preferencial, orientadas a incentivar y apoyar al sector constructor y a disminuir el déficit habitacional.
“No es por falta de dinero que cobran el IPC y ejecutan otro tipo de estafas, bien tipificadas en la ley. Todo ese dinero que ellos reciben lo han estado desviando a otras inversiones. Eso es lo que sucede”, puntualizó el Diputado.
En el mismo sentido, el ciudadano Carlos Mosquera indicó que estas constructoras “no trabajan como tal, sino como bancos. Reciben una cantidad de dinero y después pretenden sacarnos de la negociación mediante firmas de nuevos contratos, con nuevas personas, para anular el contrato anterior, y así han hecho hasta con tres familias por un solo apartamento”
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