Por: Mario Hubert Garrido
Prensa Latina
Cuando el presidente boliviano, Evo Morales, presentó la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, el 7 de febrero de 2009, alertó que un proceso decisivo comenzaba entonces con la implementación de la Carta Magna.
El propio texto establecía 180 días para la aprobación y promulgación de cinco leyes orgánicas, relacionadas con los poderes judicial y electoral y el sistema de gobiernos autónomos.
De esa manera, los bolivianos fijaron el 22 de julio próximo como fecha tope para la puesta en vigor de cinco normas llamadas orgánicas: la Ley del Órgano Electoral, y similares sobre el Régimen Electoral, el Tribunal Constitucional, el Órgano Judicial y una Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Una norma transitoria sobre autonomías, permitió antes la celebración de comicios regionales y municipales, el pasado 4 de abril, que poco más de cinco millones de bolivianos eligieran a más de dos mil autoridades en esos niveles.
La primera de las normas
Según el propio Morales, en toda esta etapa ha sido meritoria la labor de los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional para deliberar y sancionar los cinco proyectos.
Como nunca antes, el trabajo en comisiones y en plenaria todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos y jornadas de feriado, apuntó el estadista, permitieron la entrega a tiempo hasta el momento de cuatro de cinco normas.
También el empuje y postura firme en los debates de los legisladores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), mayoría en las dos cámaras (de diputados y senadores) dieron al traste con la aprobación de las leyes, estiman analistas.
La primera de las cinco normas en ser promulgada fue la del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
En solemne ceremonia en el Palacio Quemado, Morales consideró incluso que por mandato del soberano, se trataba del nacimiento del cuarto poder en Bolivia: el electoral.
El nuevo cuarto poder del Estado boliviano, junto al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, remarcó, debe permitirnos no sólo elegir a las nuevas autoridades y revocarlas, son también decidir el futuro de Bolivia a través de los referendos.
La nueva norma genera una institucionalidad renovada en base a la democracia representativa, participativa y comunitaria.
El nuevo OEP estará compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los Tribunales Electorales Departamentales, los Juzgados Electorales, los Notarios Electorales y los Jurados de las Mesas de Sufragio.
Dentro del OEP se crea ahora el Servicio de Registro Cívico, que saldrá de la unión del Registro Civil y el Padrón Electoral.
También promulgaron la Ley del Régimen Electoral que regirá las consultas de autoridades judiciales del próximo 5 de diciembre, un proceso sin precedente en el mundo.
Al respecto, el Ejecutivo adelantó la necesidad de realizar un censo poblacional en 2011 para definir la cantidad de escaños uninominales y especiales (indígenas), según el número de habitantes en las circunscripciones.
Sobre la ley del Régimen Electoral, el presidente interino del Senado, René Martínez, precisó que el proyecto promueve la democracia intercultural en Bolivia, entendiendo por esto la democracia directa y participativa, representativa y comunitaria.
Dijo que en el caso de la democracia directa y participativa se establece el referendo, la revocatoria de mandato, las asambleas, cabildos y la consulta popular.
Justicia Renovada
Otra de las leyes aprobadas y promulgadas en Bolivia es la del Órgano Judicial.
Sobre este proyecto, el presidente de Diputados, Héctor Arce, afirmó que con esta norma nace una nueva justicia y se marca un triunfo más de la Revolución democrática y cultural que vive el país. Arce recordó que, lamentablemente en épocas anteriores, la justicia se había convertido en un privilegio de unos cuantos, una prerrogativa de los poderosos, y no un derecho de todos.
Destacó como aspectos fundamentales de la nueva norma la descolonización de la justicia, la introducción en serio de la gratuidad y la creación del Defensor del litigante para proteger al ciudadano de a pie.
En adición, hizo hincapié en la próxima elección de los magistrados de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura.
Entre sus novedades, plantea la creación del Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo, el Conciliador, el Defensor del Litigante, y el nombramiento de nueve magistrados, uno por cada región.
El Senado boliviano aprobó además la Ley del Tribunal Constitucional (TC).
Esta norma, de 163 artículos, nueve disposiciones transitorias y una disposición final abrogatoria, establece sus principios y la supremacía constitucional.
El Tribunal, como máxima instancia de justicia, quedó facultado, para disponer y definir en los conflictos y competencias de los otros órganos de poder público y entes autonómicos.
La nueva entidad será además fuente de consulta de determinados proyectos de ley, resoluciones no judiciales y no vinculadas a procesos administrativos, subrayó.
La norma sobre el TC prevé además los conflictos de competencia entre jurisdicciones ordinarias, agroambiental y la indígena-originaria-campesina.
Ese proyecto permite además legislar sobre el control de constitucionalidad en los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas municipales.
El actual Tribunal Constitucional se creó por la reforma de la Carta Magna aprobada en 1994, y operativamente empezó a funcionar en 1999.
Autonomías, la más polémica
Pese a un intenso proceso de socialización entre organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y expertos en todo el país, La Ley marco de Autonomías y Descentralización, a debate en el Legislativo, es la más polémica por sus alcances.
La titular de la Comisión de Organización Territorial y Autonomías de la Cámara Baja (Diputados), Betty Tejada, explicó que el proyecto tiene 137 artículos y se trata de un borrador susceptible de ser mejorado en consenso.
Esa norma regulará la organización territorial del Estado y la elaboración de los estatutos autonómicos, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas.
Todas estas cinco normas serán traducidas a lenguas nativas (aimara, quechua y guaraní) para socializarlas.
Una segunda fase de ese plan contempla materiales audiovisuales y diversos recursos pedagógicos, para una mejor explicación de los contenidos.
Mario Hubert Garrido es corresponsal jefe de Prensa Latina en Bolivia
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