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La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.287, con Rango, Valor y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ordenando su remisión a la Comisión de Finanzas a los fines de elaborar el informe para la segunda discusión y sanción de la normativa.
El diputado Rafic Souki (Zulia) expresó que la reforma tiene como objeto aumentar el monto de la garantía de los depositantes, proponiendo que la misma sea de 25 mil bolívares fuertes, además solicitó la urgencia reglamentaria para que la reforma de esta normativa sea aprobada antes de concluir el presente período legislativo.
El parlamentario señaló que fundamentalmente se trata de modificar puntualmente lo que tiene que ver con el funcionamiento y estructura del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade), con la finalidad de incrementar la garantía y simplificar los trámites.
En la actual coyuntura de aquellas instituciones financieras que fueron intervenidas, la oportuna y eficaz actuación del Gobierno y Fogade, permitirá que antes del 23 de diciembre todos los depositantes tendrán sus haberes en cuenta en otras instituciones en los casos de bancos liquidados.
El diputado Souki manifestó que en los casos de bancos intervenidos y no liquidados, que se reabrirán el próximo lunes 21 de diciembre, esperando que no se presente una situación similar, agregando que de ocurrir algo similar están modificando lo que tiene que ver con Fogade para que la garantía sea mayor y la repuesta sea más rápida.
En la exposición de motivos se indica que la preservación de los intereses de la República y de los ahorristas, así como la estabilidad del Sistema Financiero Nacional, requiere la existencia de mecanismos de protección a los depositantes, que se activen en forma eficaz y eficiente, con la finalidad de garantizar el reintegro inmediato de los fondos depositados en las entidades que integran dicho sistema, en los casos que sea acordada la medida de Liquidación Administrativa.
La ejecución y culminación de los Procesos de Liquidación Administrativa de las instituciones sometidas a tal régimen, exige la promulgación de una normativa dinámica que permita el logro de los fines propuestos de forma oportuna, mediante la transferencia de activos o pasivos, a órganos o entes públicos con competencia para atender la problemática social que implica la tenencia precaria de la propiedad de bienes inmuebles de vocación habitacional, de los sujetos sometidos a Liquidación Administrativa.
La reforma presentada está dirigida a abordar aspectos sustantivos orientados a:
1.- Simplificar la estructura orgánica del ente responsable de garantizar los depósitos del público en el Sistema Financiero Nacional.
2.- Ampliar las atribuciones asignadas para la ejecución oportuna y eficiente de los procesos de liquidación acordados por el Órgano Supervisor de dicho sistema.
3.- Ajustar el monto de la garantía de depósitos, de 10 mil bolívares fuertes a 25 mil bolívares fuertes, con la finalidad de dar una mayor cobertura a los titulares de Instrumentos Garantizados e incentivar a la población a integrarse al Sistema Financiero Nacional.
4.- Incrementar el monto del aporte que realizan las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional, que constituye la base del seguro de depósitos que protege a los titulares de los instrumentos financieros que ofrecen las referidas entidades, amparados con tal garantía.
5.- Facultar al Ente Público, responsable de la Liquidación para administrar y disponer de los activos inventariados durante el proceso de liquidación, de los medios o mecanismos más expeditos para el logro oportuno de los objetivos atribuidos.
ALP
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