Eduardo Samán, ministro del PP para el ComercioEn delito de usura genérica podría haber incurrido Guillermo Zuloaga
Los carros ingresaron al país y fueron nacionalizados el año pasado y los estaban "engordando". Fueron adquiridos con dólares preferenciales de Cadivi. Entre empresas del mismo grupo se vendían los vehículos
RNV
En el caso del ocultamiento de lotes de vehículos lujosos cero kilómetros, en una propiedad del empresario Guillermo Zuloaga, existe la posibilidad de la usura genérica, que es un delito sancionado por un tribunal, señaló el ministro del Poder Popular para el Comercio y presidente del Indepabis, Eduardo Samán, invitado al programa Dando y Dando, que transmite Venezolana de Televisión.
"Estos carros ingresaron y fueron nacionalizados el año pasado, según consta en las licencias de importación, las cuales fueron realizadas con dólares preferenciales de Cadivi", puntualizó el ministro Samán, y acotó que los vehículos "estuvieron 5 meses engordando (...) ése es un negocio sustancioso".
Los 24 vehículos que fueron encontrados en la casa de Guillermo Zuloaga, uno de los dueños de Globlovisión, no están asignados, ninguno, a ninguna persona natural, informó.
Esa casa, reveló Samán, no es un concesionario, pues no tiene zonificación para agencia de carros, estando ubicada en una zona residencial, además no tenía aviso, ni Registro de Información Fiscal (RIF).
Acotó Samán que el documento de arrendamiento de la vivienda también tiene irregularidades: pues no está notariado.Presumen que fue hecho de forma rápida, mientras era emitida la orden de allanamiento y se le impedía a los funcionarios el ingreso.
"Tuvieron suficiente tiempo para orquestar su trampa y su show mediático", dijo Amira Djermano, directora nacional de fiscalización del Indepabis. Mostrando el documento, señaló que el lugar fue arrendado por Inversiones Zulu, C.A. a Toyoclub. "Pero acá sólo está el sello de Toyoclub, y no de la inversora que les está arrendando
Entre empresas del mismo grupo se venden los vehículos
Esos 24 vehículos se los venden entre dos empresas: Toyosan y Toyoclub, explicó Samán, y otros se los venden a una tercera empresa, que se llama CIC; otra firma comercial que queda en el mismo lugar y tiene el mismo número telefónico que Toyoclub. Dichas ventas se realizan a precios muy por debajo del mercado.
"Es decir, se realizan ventas entre empresas concesionarias que son del mismo grupo, tienen la misma directiva y accionistas", señaló Samán y mostró facturas donde Toyosan le vende a CIC, C.A, una camioneta Tundra en 104 mil bolívares fuertes, un precio a que no se consigue en ningún lugar, puesto que el precio de mercado de ese vehiculo oscila entre 300 y 500 mil bolívares fuertes.
Ambos concesionarios están ubicados en Valencia, señaló Denis Arias, consultora legal del ministerio del Poder Popular para el Comercio, y los propietarios alegan que estaban en Caracas para ser resguardados y para realizarles reparaciones, pero cuando el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (CICPC) y el Indepabis solicitan las llaves para hacer las inspecciones, ellos señalaron no tenerlas.
Entonces, se pregunta Arias: "¿Cómo llegaron esos vehículos a ese estacionamiento? y ¿cómo los iban a trasladar al taller para hacerles las reparaciones?".
Obstrucción a la justicia y mentiras a los funcionarios
"Aparte de mentirle a los funcionarios públicos con argumentos inválidos, obstruyeron la justicia y al desarrollo de la inspección del CICP y del Indepabis, pues se debía dejar constancia de los seriales de los vehículos", indicó Arias, quien señaló que los organismos que se presentaron en la residencia de Zuloaga, portaban una orden emanada del Tribunal 44 de control de Área Metropolitana de Caracas.
En dicha orden de allanamiento se especificaba que se podía realizar la inspección e incluso la incautación de elementos que pudieran estar incursos en delitos, señaló la abogada, e informó que a los mismos les fue aplicada, por el Indepabis, una medida de traslado a la sede del CICPC en Quinta Crespo, a la División de Vehículos y el Ministerio Público ya abrió una investigación.
Asimismo, señaló Samán, que el Instituto para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) se encuentra realizando un seguimiento a los vehículos, a la vez que exhortó a la comunidad a realizar un "juicio moral", a quienes acaparan productos, sin importar su naturaleza. "Ellos alegan que los carros no son bienes declarados de primera necesidad y por ello pueden violar toda la normativa del comercio", indicó.
Al señalar que hay una especulación desmedida con el precio de los carros, lo cual es un hecho público y notorio, el ministro Samán dijo que también es un hecho público que en los concesionarios no hay vehículos.
6.700 vehículos en estado de ocultamiento
Del mismo modo informó que en las últimas 4 semanas de inspección, se han encontrado 6.700 vehículos fuera de los concesionarios, en galpones y depósitos y sólo en el estado Carabobo se han encontrado 3.096 en esta situación. Es decir, fuera de los concesionarios, o dentro, pero sin asignación.
"Estos son vehículos que no los entregan y pasan dos o tres meses así", alegando los concesionarios que están vendidos, cuando los organismos realizan las actuaciones, puntualizó, y recordó que a través del número 0800Indecu1 se reciben denuncias de especulación y acaparamiento.
RNP
0 comentarios:
Publicar un comentario