Bolivia inicia juicio por genocidio en 2003 pese a ausencia de acusados.Prensa web YVKE, La Jornada, Telesur.
Varios ex ministros bolivianos, pertenecientes a la administración del ex Jefe de Estado Sánchez de Lozada, incluido éste último, huyeron del país cuando se acercaba la fecha en la que iban a ser juzgados bajo el argumento de que eran supuestos perseguidos políticos.
El próximo lunes cuando arranque el juicio contra el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y jefes militares, todos imputados por la muerte de al menos 67 personas y decenas de heridos en octubre de 2003 por una convulsión social conocida como "la guerra del gas", cuando bolivianos y bolivianas salieron a las calles en defensa de los recursos naturales del país.
Sánchez de Lozada, (1993-1997) y (2002-2003), está acusado de nueve delitos, entre ellos "genocidio", que en la legislación nacional se aplica a "masacres sangrientas", lo que ocurrió en octubre del 2003, según la Fiscalía nacional.
El ex mandatario y sus ministros son culpados de crímenes de lesa humanidad y delitos económicos tras la represión militar y policial durante la llamada "guerra del gas" en El Alto.
Pero en el juicio oral previsto para el lunes en Sucre, sede de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, estará ausente el principal imputado, el ex presidente Goni Sánchez de Lozada, un rico empresario minero que reside en Estados Unidos desde el día en que huyó de Bolivia, el viernes 17 de octubre de 2003, tras renunciar a su mandato y ceder su puesto a su vicepresidente Carlos Mesa.
Goni, un boliviano que habla como un estadounidense porque se crió y educó en Chicago, con todo lo que culturalmente implica eso, no será el único que no asista a la primera audiencia del juicio.
Los otros connotados ausentes serán los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, de Defensa; Jorge Berindoague, de Minería e Hidrocarburos, y Guido Añez, de Agricultura. Los tres tienen su residencia en Estados Unidos.
Otros tres ex funcionarios se hallan refugiados en Perú, país que les otorgó el asilo. Esto ha provocado un nuevo descontento del Ejecutivo boliviano hacia el Gobierno del presidente peruano Álan García.
El ministro de Defensa boliviano, Walker San Miguel, dijo este domingo en la televisión estatal que los tres ex funcionarios del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que se refugiaron en Perú "son culpables plenos de octubre de 2003 y por eso están saliendo del país".
Su huida, "es claramente una demostración elocuente de que hay una culpabilidad que ellos no quieren que se conozca. Lo demás (...) son salidas que lo único que tienden es a que algún día prescriba la acción", agregó.
El fiscal del caso, Milton Mendoza, considera que las ausencias son una circunstancia "lamentable" pero cree que no debe provocar "frustración" en la Fiscalía porque confía en que, en el curso del juicio, pueda producirse la extradición de Sánchez de Lozada para que sea enjuiciado.
Informó que la denuncia contra el ex Jefe de Estado boliviano, Sánchez de Lozada incluye los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, vejaciones y torturas, atentado a la libertad de prensa, allanamientos y resoluciones contrarias a la ley.
"Es una ironía porque el genocidio es un asesinato colectivo y tiene veinte años de prisión, mientras que el crimen de una persona está sancionado con 30 años en nuestra legislación", señaló el fiscal boliviano.
Para el juicio están acusadas 17 personas, entre ellas 11 ministros y cinco miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas de aquella época imputados por diversos delitos.
Aparte de los ya citados fugados, de varios acusados más se desconoce su paradero, pero tres ex ministros se han declarado listos para comparecer.
También se presentarán cinco ex altos mandos militares de esa administración: Roberto Claros, Gonzalo Rocabado, Juan Véliz, Luis Alberto Aranda y José Oswaldo Quiroga, quienes niegan los cargos de haber disparado contra la población indefensa.
El fiscal Mendoza tiene previsto presentar dos mil 500 testigos y cuatro mil novecientos documentos para un proceso oral que puede durar varios meses.
La audiencia está prevista para las nueve, hora local, en una de las salas de la Corte Suprema, en la ciudad sureña de Sucre, sede del poder Judicial de Bolivia.
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