Conforme al artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder JudicialAbierta investigación por obstrucción durante allanamiento a quinta de dueño de Globovisión con vehículos escondidos.
La fiscal 20°, Daisy Norelis Bolívar, coordinará y dirigirá las actuaciones judiciales con el fin de determinar si se incurrió en lo tipificado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece sanción de prisión a quien mediante violencia, intimidación o fraude impida u obstruya una actuación judicial.
VTV
Fiscalía
El Ministerio Público abrió una investigación para determinar si durante el allanamiento realizado este jueves 21 de mayo por las autoridades a una quinta en la urbanización Los Chorros, propiedad del empresario y presidente de la emisora de televisión Globovisión, Guillermo Zuloaga, hubo la presunta comisión del delito de obstrucción a la ejecución de una actuación judicial por parte de personas que se encontraban en el inmueble.
En ese sentido, la fiscal 20° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Daisy Norelis Bolívar, coordinará y dirigirá las actuaciones judiciales con el fin de determinar si se incurrió en lo tipificado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece "el que mediante violencia, intimidación, o fraude impida u obstruya la ejecución de una actuación judicial o del Ministerio Público, será sancionado con prisión de seis meses a tres años".
El pasado jueves 21 de mayo, mediante una solicitud realizada por la Fiscalía 62° del AMC, el Tribunal 44° en funciones de Control aprobó la visita domiciliaria a la prenombrada quinta, la cual fue practicada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios (Indepabis), del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Inttt), aparte del apoyo de efectivos de la Policía Metropolitana (PM) ante la actitud hostil de varios vecinos que trataron de impedir la ejecución de la medida.
Según se conoció, allegados al propietario de la quinta La Cerradura, ubicada en Los Chorros, no habrían permitido el acceso a las autoridades, pese a que le mostraron la orden aprobada por el Tribunal 44° de Control establecía las condiciones en las cuales se haría el procedimiento legal.
Vale destacar que debido a la negativa de quienes estaban en la prenombrada quinta, a colaborar con el procedimiento al no suministrar siquiera las llaves de las unidades automotoras, la División de Vehículos del Cicpc tuvo que trasladarlos en grúas hasta la sede del organismo en Quinta Crespo.
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