Ecuador: comienza a hacerse justicia 10 años después
Decio Machado
El Estado incauta 195 empresas pertenecientes a una de las familias oligárquicas más importante del país. Los medios de comunicación en manos de la derecha comienzan una dura campaña de desprestigio sobre Rafael Correa. Los medios de comunicación internacional: CNN, grupo PRISA, etc… secundan la campaña de la derecha.
De igual manera que se manipuló la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de Radio Caracas TV (RCTV) el 27 de mayo del año pasado, los medios de comunicación ecuatorianos e internacionales ya están manipulando la incautación de varias empresas de comunicación en la madrugada del día de ayer, 8 de julio, por la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Garantías de Depósito (AGD) ecuatoriana.
Mientras los medios recogen declaraciones del tipo de “atentado y atropello a la libertad de expresión”, emitida entre otros muchos periodistas, por Nicolás Vega, gerente de la televisión Gamavisión; o incluso las del alcalde de Guayaquil, el líder “secesionista” socialcristiano y portavoz de la oligarquía tradicional, Jaime Nebot , en las cuales advierte demagógicamente: “es el inicio del fin de la libertad de expresión en el país”; la realidad se corresponde, al igual que pasó en Venezuela hace algo más de un año, a algo muy distinto.
¿Qué ha sucedido en realidad?
La Agencia de Garantías y Depósito AGC, conforme al artículo nº 29 de la Ley de Reordenamiento en materia económica y tributaria, dispuso la incautación de todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco, al 2 de diciembre de 1998; cuyas pérdidas fueron determinadas por la Junta Bancaria, por 661 millones de dólares, conforme lo previsto en la resolución JB-2008-01084, con fecha 26 de febrero de 2008.
Artículo 29, Ley AGD: “…en aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera, y la AGD podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad…”.
No es una incautación única sobre medios de comunicación o por el mero hecho de ser medios de comunicación. El gobierno ecuatoriano ha incautado 195 empresas entre ellas: empresas agrícolas, de comercio, de seguros; de construcción; yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles, además de las empresas mediáticas. Sus propietarios, el llamado Grupo Isaías, eran los propietarios de Filanbanco, entidad que junto con otras articularon la estafa más grande de la historia del Ecuador, hace 10 años. De hecho, la familia Isaías, vive desde entonces en Miami, Estados Unidos.
Con esta medida, que debió ser tomada hace 10 años, renace la esperanza de los cientos de ciudadanos a los que nunca se les devolvió su dinero luego de la quiebra de Filanbanco. Además estas incautaciones no vulneran ningún derecho laboral ni paralizará ninguna de las empresas en cuestión, es el Estado ecuatoriano el que ahora velará y garantizará la estabilidad laboral.
La intoxicación mediática a la que una vez más esta siendo sometida la comunidad internacional por medio de los grandes grupos de comunicación, intenta hacer creer que el llamado gobierno de la Revolución Ciudadana, presidido por Rafael Correa, ha desarrollado una acción para hacerse con los medios de comunicación opositores, y que dicha acción carece de legitimidad jurídica.
Lo cierto es que, entre las 195 empresas de la familia Isaías incautada, se encuentra tres canales de televisión (TC Televisión, Gamavisión, Cable Noticias CN3), más la televisión por cable, Cable Deportivo. Además, los Isaías, tiene entre su holding empresarial, media docena de radios (entre ellas destacan Súper K8 800 y Radio Carrusel), así como otra media docena de revistas (La Onda, Generación XXI, El Agro, Samborondón,…). Todos ellos han quedado incautados por el Estado.
¿De quién son los medios de comunicación en el Ecuador?
La industria mediática ecuatoriana, al igual que la del resto del planeta, ha derivado en dos efectos importantes en los últimos treinta años. Por un lado, una creciente privatización monopólica que genera significativos lazos entre grupos de poder y medios de comunicación. Pero además, dicha relación tiene un efecto directo sobre la intención y direccionalidad de la información, instrumentalizada desde los intereses de quienes son propietarios de los medios.
Esta relación -prensa-grupos económicos- no es nueva. La tendencia mundial por comercializar los medios de comunicación responde a la importancia ideológica que tienen, y al poder que supone el manejo de información. En ese sentido, Ecuador no ha sido una excepción.
Los medios ofrecen la posibilidad de controlar de manera indirecta, a través de la unificación de pensamiento y la injerencia en la percepción ciudadana. Se trata de una hábil estrategia, considerando que se ampara en el discurso de la democracia y la libertad de expresión.
La manipulación de información responde a un interés específico de control social a través de la homogenización de percepciones, incidiendo directamente en el imaginario social y el debate público. El papel de los medios ya no es informar sino moldear una sociedad funcional a los grandes poderes económicos.
Durante los últimos años, en Ecuador se han producido una serie de acontecimientos que han ido modificando la configuración de los grupos económicos del país. En este sentido, resulta importante destacar el papel de la crisis bancaria de 1998 en el reordenamiento de los grupos de poder económico del país.
En la actualidad, la propiedad sobre los medios en el Ecuador presenta características monopólicas. Son los grandes grupos económicos del país los que concentran los espacios mediáticos, bajo el tradicional formato de familias cerradas. Un cruce de información sobre accionistas y directorios de medios revela además una importante imbricación entre estos grupos vinculados a través de relaciones comerciales, familiares y por propiedades compartidas.
En este momento, y a falta de una oposición sólida capaz de estructurar alternativas al gobierno del presidente Correa, son los medios las herramientas utilizada por la oligarquía para intentar desprestigiar y deslegitimar el actual momento de transformación social que vive el Ecuador.
Los grupos tradicionales que controlan los medios en el en Ecuador son:
- Isaías de Guayaquil Eljuri de Cuenca y Vivanco de Quito, entre estos tres grandes grupos, conforman el supergrupo IEV, el holding multimedia más importante. Cada familia mantiene el control total sobre determinados medios pero además tienen un conjunto de intereses mutuos en un número importante de medios de comunicación.
- Mantilla Mosquera y Mantilla Anderson, ambos de Quito, conforman el supergrupo Mantilla: Relación familiar (primos hermanos). Intereses comunes en sector editorial. Cuentan con empresas que los enlazan económicamente. Separación de intereses a nivel de prensa escrita.
- Y los grupos sueltos, Vivanco y Egas de Quito; así como, Alvarado, Pérez y Martínez de Guayaquil.
Todos ellos son de perfil conservador, no habiendo sectores progresistas mediáticos más allá de la televisión estatal –Ecuador TV, sin emisión permanente-, el periódico El Telégrafo (también estatal y con una limitada tirada de 25.000 ejemplares) y una red de radios comunitarias, entre las que destaca La Luna (activa protagonista durante el derrocamiento del coronel Lucio Gutiérrez).
En el Ecuador actualmente son 19 familias oligárquicas, las que controlan a nivel nacional la pantalla chica: de 348 concesiones, 287 están en manos de estos grupos familiares, ya sea como personas jurídicas o como personas naturales. El resto de concesiones se encuentran en provincias, principalmente en posesión de políticos o empresarios locales.
Entre estas familias, los Isaías son los más importantes, teniendo en su poder el 27% de la concentración mediática televisiva.
Los antecedentes investigativos.
El pasado 4 de agosto de 2007, el presidente Rafael Correa, afirmaba que el atraco bancario de 1999 al que se vio sometido el país es una “historia tenebrosa” que “no quedará en la impunidad” y pidió a los ecuatorianos estar atentos al futuro.
En ese momento, Correa advertía a los ciudadanos que los resultados del informe que la comisión de auditoría del salvataje bancario “eran estremecedores”. Dicho informe fue presentado públicamente el 9 de agosto del año pasado, y a partir de ahí, el gobierno pidió al Fiscal General de la Nación que investigue a los responsables y conforme una veeduría ciudadana para que estos delitos fueran sancionados y no quedasen en la más absoluta impunidad.
Correa denunciaba entonces, que “todo fue un plan para quebrar al país y llenar el bolsillo de los banqueros” (en la actualidad, todos instalados en los Estados Unidos), indicando también que ese “atraco” financiero de 1999 y 2000 tuvo como antecedentes la manipulación de las leyes.
La banca controló la Constituyente de 1998.
Los banqueros intervinieron en varias leyes en elaboración de la Asamblea Constituyente de entonces, dominada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Cristiana, con el fin de realizar modificaciones legales para su beneficio.
Se modificó por ejemplo la transitoria número 42 de la Constitución en relación con la gestión del Banco Central para incorporar el siguiente contenido: “Hasta que el Estado cuente con los instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años, contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como crédito para atender el derecho de preferencia a las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.
Los banqueros se prepararon la legislación, ya sabiendo que venía la crisis e hicieron una Constitución a su medida para que todo el pueblo ecuatoriano pagase su irresponsabilidad y sus lucros indecorosos.
Tras este primer paso para atracar el país, vino el segundo, en diciembre de 1998, con la aprobación de ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), cuyo lema parece haber sido, según Correa: “quiebren no más que todo el Ecuador paga”.
Después de marzo de 1999, llegó el congelamiento de depósitos, que se convirtió en el mayor decomiso de la historia del país (versión ecuatoriana del “corralito” argentino), y se registró una devaluación del sucre (moneda del país en aquel momento), que pasó de un tipo de cambio de 5.000 sucres por dólar a 25.000 sucres por dólar, con lo que se consumó el robo de las cuatro quintas partes de los depósitos del pueblo ecuatoriano.
Los presidentes implicados.
Toda esta operación de robo a escala nacional, comenzó durante el mandato de Fabián Alarcón, declarado presidente interino después de la destitución, tras fuertes movilizaciones populares, de Abdalá Bucaram, el 11 de febrero de 1997. Esto llevó a una crisis política, ya que constitucionalmente la sucesión correspondía a la entonces vicepresidenta, Rosalía Arteaga, que había asumido el poder sin la autorización del Congreso el 6 de febrero. Arteaga ejerció de manera oficial como presidenta entre 9 al 11 de febrero, pero cedió finalmente ante Alarcón, que asumió de manera interina hasta el 10 de agosto de 1998.
Su gobierno fue caótico. La crisis constitucional desatada a partir de su designación acabó con un referéndum que dio paso a la Asamblea Constituyente anteriormente referenciada, que redactó la nueva Carta Magna de 1998.
El interinazgo de Alarcón se prolongó hasta el 10 de agosto de 1998, cuando asumió un nuevo presidente elegido en las urnas, el alcalde de Quito Jamil Mahuad.
Mahuad, líder de la Democracia Popular, gobernó el país entre 1998 y su derrocamiento en el 2000. Recordado como el presidente más nefasto de la historia del Ecuador desde su regreso a la vida democrática, actualmente dicta clases en Harvard, donde imparte cursos de escenarios políticos.
La consecuencia: el éxodo de un pueblo.
El masivo robo desarrollado por los tenebrosos banqueros ecuatorianos, en contubernio con el Gobierno de Jamil Mahuad, causó repercusiones terribles, valorándose el desfalco económico en unos 6.000 millones de dólares.
Sin embargo, el costo de este asalto ha tenido repercusiones aún más graves para la población ecuatoriana. Desde 1995, con énfasis principalmente en 1999 y 2000 (momento del atraco bancario), cerca del 25 % de la población del Ecuador, tuvo que emigrar.
Los estragos económicos de la última guerra contra el Perú (1995), la devastación causada a lo largo de toda la costa del país por el Fenómeno del Niño durante 1998, y en especial, que quiebra fraudulenta de los principales bancos (1999), fueron los principales causantes del éxodo masivo ecuatoriano a Europa y Estados Unidos.
El atraco bancario y la posterior dolarización del país, en el año 2000, dejó a la economía ecuatoriana contra las cuerdas, la cual de hecho se salvó consecuencia de las divisas enviadas por los inmigrantes que tuvieron que salir del país.
Lo que está por venir...
El presidente Correa ya lo ha advertido, se hará justicia, aunque sea 10 años después, no son los Isaías los únicos que serán incautados por el gobierno de la Revolución Ciudadana.
Un acto de valentía como este por parte del Ejecutivo ecuatoriano, con Correa a la cabeza, merece ser aclarado, con independencia de la manipulación mediática a la que se le intente someter por parte de medios de comunicación que desde hace ya muchos años, dejaron de lado la ética períodística y su función primordial: la facilitación de una información objetiva para el conjunto de la ciudadanía.
Sr. Rafael Correa, al margen de lo que los medios estén publicando en el día de hoy, no dude nunca que una acción como esta, su pueblo se lo agradece. Han tenido que pasar 10 años para que se empiece a hacer justicia.
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