LOS GRINGOS Y URIBE PATEAN LA MESA DE DIALOGOS
Los hechos demostrativos de la concepción errónea sobre la paz de este gobierno y el régimen que lidera, son abundantes. En ellos resalta la ausencia de voluntad y política del Estado, que dificultan llegar a un acuerdo que conduzca y viabilice la solución política al conflicto interno colombiano, y que parta de resolver las causas que lo generan y alimentan.
La oligarquía ha sido incapaz de doblegar y vencer la rebeldía popular en más de cinco décadas de conflicto social y armado, mediante la salida militar y el uso de los instrumentos más degradantes y ruines de la guerra sucia, el terrorismo de Estado y las bandas de paramilitares agenciadas por los gobiernos de turno. No obstante persiste en continuar escalando el conflicto inspirado en la política de ‘seguridad democrática’, nuevo camufle de la tenebrosa política gringa de ‘seguridad nacional’.
Uribe esgrimiendo la bandera de la paz, desarrolla una política agresiva de guerra contra el pueblo que se rebela o discrepa y que aspira a que haya cambios en el país, favorables a las mayorías nacionales. Hay dos hechos recientes que ponen en evidencia una concepción guerrerista e indigna sobre la paz.
En ocasión anterior nos referimos a uno de ellos. El relacionado con el papel de facilitadores de paz en los diálogos con el ELN y el acuerdo humanitario con las FARC, conferidos al presidente Hugo Chávez Frías y a la senadora Piedad Córdoba; y a la suspensión abrupta de ese mandato hecho de manera irrespetuosa con el jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual generó una situación conflictiva, aún por superarse entre los gobiernos de los dos países.
El segundo caso tiene relación con las gestiones que viene haciendo el presidente Uribe ante el gobierno de los Estados Unidos, para que éste abra procesos con el propósito de extraditar militantes del ELN. El pasado 16 de noviembre agentes del FBI gringo y del DAS colombiano, notificaron los primeros cinco procesos de extradición a militantes nuestros recluidos en las cárceles.
Estos dos casos, pero especialmente el último es una patada del gobierno a la mesa de diálogos con el ELN y un hecho más que enrarece las posibilidades de avanzar hacia la paz.
Estos pretendidos procesos de extradición contra militantes Elenos los entendemos como un chantaje, el cual rechazamos, dejando en claro que este tipo de maniobras no nos intimidan. Sí produce el efecto contrario, nos llena de nuevas razones, de valor y nos imprime más fuerza y convicción para continuar la lucha a que nos comprometimos contra el imperialismo y la oligarquía, la construcción del nuevo país soberano, donde impere la igualdad, la democracia participativa y la justicia social.
En estos hechos se refleja la mentalidad de vasallo gringo del actual gobierno y la soberbia con que maneja asuntos vitales y de interés nacional establecidos en la Constitución del 91, como es la construcción de la paz entre los colombianos.
Este régimen ha entregado cerca de 800 personas en extradición a la justicia norteamericana, de éstas el 95 por ciento salió libre y con residencia en los Estados Unidos a cambio del pago de millonarias sumas de dólares; el 5 por ciento restante que no tuvo con qué comprar la impunidad, está pagando duras condenas en cárceles en donde el trato es inhumano y humillante.
En la política de extradición se ve con toda claridad la carencia de dignidad y el vasallaje del gobierno de Uribe y el régimen que lidera; el irrespeto a la soberanía de la justicia colombiana y la indignidad en que postran las instituciones de la Nación.
Ante estos hechos, ¿quién puede poner en duda que este gobierno y los anteriores, tienen convertida a Colombia en colonia norteamericana? Y que el conflicto social y armado, no se ha podido resolver en más de cinco décadas de guerra, porque la oligarquía pretende imponer la paz por la vía militar.
La lucha contra la extradición de nacionales es una lucha justa y necesaria, que se pone al orden del día para los revolucionarios, demócratas y nacionalistas progresistas, asumida como lucha antiimperialista, contra el régimen y los gobiernos vasallos.
La lucha por la paz es un deber y un derecho de los colombianos, vinculándola a la lucha por la construcción del nuevo país soberano, en donde impere la igualdad, la justicia social y la democracia participativa.
La lucha es de todos los que soñamos con los cambios y nos oponemos al proyecto ultraderechista de la oligarquía vasalla del imperio, que lidera Uribe Vélez. Unámonos todos y llevemos la lucha a campos y ciudades, por el nuevo país y por un gobierno de Nación, Paz y Equidad.
Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN)
elndecolombia@yahoo.fr
www.eln-voces.com
www.patrialibre.org
¡De la Resistencia al Poder Popular!
¡Siempre junto al Pueblo!
¡Ni un paso Atrás...Liberación o Muerte!
Los hechos demostrativos de la concepción errónea sobre la paz de este gobierno y el régimen que lidera, son abundantes. En ellos resalta la ausencia de voluntad y política del Estado, que dificultan llegar a un acuerdo que conduzca y viabilice la solución política al conflicto interno colombiano, y que parta de resolver las causas que lo generan y alimentan.
La oligarquía ha sido incapaz de doblegar y vencer la rebeldía popular en más de cinco décadas de conflicto social y armado, mediante la salida militar y el uso de los instrumentos más degradantes y ruines de la guerra sucia, el terrorismo de Estado y las bandas de paramilitares agenciadas por los gobiernos de turno. No obstante persiste en continuar escalando el conflicto inspirado en la política de ‘seguridad democrática’, nuevo camufle de la tenebrosa política gringa de ‘seguridad nacional’.
Uribe esgrimiendo la bandera de la paz, desarrolla una política agresiva de guerra contra el pueblo que se rebela o discrepa y que aspira a que haya cambios en el país, favorables a las mayorías nacionales. Hay dos hechos recientes que ponen en evidencia una concepción guerrerista e indigna sobre la paz.
En ocasión anterior nos referimos a uno de ellos. El relacionado con el papel de facilitadores de paz en los diálogos con el ELN y el acuerdo humanitario con las FARC, conferidos al presidente Hugo Chávez Frías y a la senadora Piedad Córdoba; y a la suspensión abrupta de ese mandato hecho de manera irrespetuosa con el jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual generó una situación conflictiva, aún por superarse entre los gobiernos de los dos países.
El segundo caso tiene relación con las gestiones que viene haciendo el presidente Uribe ante el gobierno de los Estados Unidos, para que éste abra procesos con el propósito de extraditar militantes del ELN. El pasado 16 de noviembre agentes del FBI gringo y del DAS colombiano, notificaron los primeros cinco procesos de extradición a militantes nuestros recluidos en las cárceles.
Estos dos casos, pero especialmente el último es una patada del gobierno a la mesa de diálogos con el ELN y un hecho más que enrarece las posibilidades de avanzar hacia la paz.
Estos pretendidos procesos de extradición contra militantes Elenos los entendemos como un chantaje, el cual rechazamos, dejando en claro que este tipo de maniobras no nos intimidan. Sí produce el efecto contrario, nos llena de nuevas razones, de valor y nos imprime más fuerza y convicción para continuar la lucha a que nos comprometimos contra el imperialismo y la oligarquía, la construcción del nuevo país soberano, donde impere la igualdad, la democracia participativa y la justicia social.
En estos hechos se refleja la mentalidad de vasallo gringo del actual gobierno y la soberbia con que maneja asuntos vitales y de interés nacional establecidos en la Constitución del 91, como es la construcción de la paz entre los colombianos.
Este régimen ha entregado cerca de 800 personas en extradición a la justicia norteamericana, de éstas el 95 por ciento salió libre y con residencia en los Estados Unidos a cambio del pago de millonarias sumas de dólares; el 5 por ciento restante que no tuvo con qué comprar la impunidad, está pagando duras condenas en cárceles en donde el trato es inhumano y humillante.
En la política de extradición se ve con toda claridad la carencia de dignidad y el vasallaje del gobierno de Uribe y el régimen que lidera; el irrespeto a la soberanía de la justicia colombiana y la indignidad en que postran las instituciones de la Nación.
Ante estos hechos, ¿quién puede poner en duda que este gobierno y los anteriores, tienen convertida a Colombia en colonia norteamericana? Y que el conflicto social y armado, no se ha podido resolver en más de cinco décadas de guerra, porque la oligarquía pretende imponer la paz por la vía militar.
La lucha contra la extradición de nacionales es una lucha justa y necesaria, que se pone al orden del día para los revolucionarios, demócratas y nacionalistas progresistas, asumida como lucha antiimperialista, contra el régimen y los gobiernos vasallos.
La lucha por la paz es un deber y un derecho de los colombianos, vinculándola a la lucha por la construcción del nuevo país soberano, en donde impere la igualdad, la justicia social y la democracia participativa.
La lucha es de todos los que soñamos con los cambios y nos oponemos al proyecto ultraderechista de la oligarquía vasalla del imperio, que lidera Uribe Vélez. Unámonos todos y llevemos la lucha a campos y ciudades, por el nuevo país y por un gobierno de Nación, Paz y Equidad.
Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN)
elndecolombia@yahoo.fr
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