El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue enfático al exigir resultados inmediatos a los mandos policiales y militares, recalcando que el Poder Legislativo respalda la gestión del presidente Nasry Asfura para devolver la convivencia pacífica al país.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad de votos la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.
La iniciativa, aprobada bajo una moción de dispensa de dos debates debido a la urgencia nacional, fortalece el marco legal para desarticular la operatividad de los grupos criminales y cortar de raíz sus acciones desde los centros carcelarios.
Durante la sesión legislativa estuvo presente la cúpula de seguridad encabezada por el ministro Gerzón Velásquez.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue enfático al exigir resultados inmediatos a los mandos policiales y militares, recalcando que el Poder Legislativo respalda la gestión del presidente Nasry Asfura para devolver la convivencia pacífica al país.
El eje central de la ley reformó la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y la Ley del Sistema Penitenciario, determinando que toda persona procesada o condenada por pertenecer a maras, pandillas o grupos calificados como terroristas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) será recluida obligatoriamente en módulos de máxima seguridad.
Bajo este nuevo régimen, los reclusos serán sometidos a un estricto aislamiento en celdas individuales sin posibilidad de convivencia colectiva, con el derecho a salida al patio restringido a un máximo de una sola hora a la semana.
Asimismo, la normativa elimina de forma categórica las visitas íntimas, permitiendo las visitas familiares únicamente a través de cabinas de vidrio de alto impacto, e impone una severa restricción a las comunicaciones telefónicas, limitándolas a una llamada monitoreada de 10 minutos al mes hacia números autorizados, junto con la prohibición absoluta de poseer teléfonos, radios o televisores.
Para evitar riesgos de fuga durante los traslados, todas las audiencias judiciales se celebrarán de forma 100 por ciento virtual, quedando los reos de alta peligrosidad completamente excluidos de centros abiertos, preventivos o agrícolas.
Por otra parte, los privados de libertad de alta peligrosidad quedan categóricamente excluidos de centros carcelarios abiertos, preventivos o de unidades agroindustriales.
La legislación autoriza al CNDS a declarar Territorios de Alto Riesgo en los municipios más castigados por la extorsión y la violencia; dicha medida habilita despliegues militares, controles fijos, restricciones de circulación nocturna, monitoreo con drones y congelamiento de activos financieros vinculados al crimen.
Con el objetivo de resguardar la vida de quienes juzguen a estos grupos, el texto autoriza el uso de mecanismos excepcionales para proteger la identidad de jueces y personal auxiliar; el Poder Judicial contará con 30 días calendario para reglamentar los tribunales protegidos.
Como medida de control transitoria hasta por 12 meses, se prohíbe el tránsito de más de un hombre a bordo de una misma motocicleta en los municipios que designe la autoridad de defensa.
De igual manera, se exceptúa a acompañantes mujeres o menores de 12 años, y se prohíbe la portación de armas de fuego en estos vehículos, incluso con permiso legal.
Las sanciones por incumplimiento incluyen el decomiso del vehículo y la licencia de 45 a 90 días, sumado a multas de uno a cuatro salarios mínimos.
Autor: teleSUR - egv - MS
Fuente: Proceso Digital, La Prensa
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