La FLF denunció la «incapacidad del Estado» para resguardar la vida de quienes persiguen a los delincuentes y exigió medidas de protección urgente tras el asesinato del secretario de la Fiscalía de Salinas, José Luis Merchán Perero.
La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) condenó la falta de garantías de seguridad que el Estado ecuatoriano ofrece a los operadores de justicia y advirtió que de persistir el desamparo acudirá a los tribunales y mecanismos internacionales de derechos humanos para exigir la determinación de las responsabilidades estatales derivadas de la inacción e incumplimiento del deber de protección.
El pronunciamiento se produjo tras el asesinato de José Luis Merchán Perero, secretario de la Fiscalía de Salinas asignado a la Unidad de Delitos Acuáticos, ocurrido a las 08H05 del 17 de agosto de 2026, cuando la víctima llegaba en su vehículo a la sede institucional.
En un comunicado emitido el 19 de agosto, la FLF expresó su «más enérgico y categórico repudio» y advirtió que el crimen evidencia la «incapacidad del Estado para resguardar la vida de quienes llevan adelante la función de perseguir a los delincuentes».
El organismo, que integra asociaciones y colegios de fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, cuestionó la falta de respuestas efectivas y de políticas integrales de protección por parte de los órganos competentes.
Según la Federación, ese desamparo no solo vulnera la vida e integridad física de los funcionarios y sus familias, sino que debilita el Estado de derecho, compromete la independencia judicial y favorece el avance del crimen organizado.
La FLF recordó a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo de Ecuador que existen compromisos internacionales que obligan al Estado a garantizar la seguridad de los integrantes del Ministerio Público.
Citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Carpio Nicolle y otros contra Guatemala y la Masacre de La Rochela contra Colombia, que responsabilizan internacionalmente a los Estados por omitir salvaguardas esenciales a sus operadores de justicia.
Entre sus demandas, el organismo exigió una investigación penal exhaustiva, pronta y eficaz que identifique, juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales del homicidio, así como la adopción inmediata de medidas estructurales de seguridad y esquemas de protección efectiva para fiscales, funcionarios y servidores del Ministerio Público en todo el territorio ecuatoriano.
Además, reiteró su disposición técnica para colaborar en la implementación de protocolos basados en los Estándares de Seguridad para Fiscales y sus Familias, aprobados por la Asociación Internacional de Fiscales en Helsinki en 2008, y en la Declaración de San José de Costa Rica del 26 de abril de 2024.
Informó que el pronunciamiento será remitido a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite.
Autor: teleSUR - mb - JB
Fuente: Agencias
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