El presidente de Cuba, calificó a Estados Unidos de “verdugo” tras la imposición de nuevas sanciones de Washington contra ciudadanos y entidades cubanas.
A través un mensaje publicado el viernes, Miguel Díaz-Canel, afirmó que “los verdugos han elegido los jueves para publicar sus listas negras de personas y entidades cuyo único delito es servir a Cuba y resistir el bloqueo genocida”.
Eneste sentido anunció que “Sabremos resistir y vencer. Y EE.UU quedará en la vergonzosa lista de genocidas”, escribió el mandatarion cubano en la red social X.
En la misma jornada, también el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó a EE.UU. de utilizar deliberadamente las sanciones para perjudicar la economía cubana. Según afirmó, las nuevas medidas han dificultado la prestación de servicios básicos a la población de la isla.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves una ampliación de sus sanciones contra Cuba, incorporando al Ministerio de la Construcción del país, a tres personas y a ocho entidades.
Las personas sancionadas son Fernando Yort, Lima Freire y Noemí Fernández, a quienes el Departamento del Tesoro estadounidense vincula con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
Asimismo, ocho empresas estatales cubanas que operan en los sectores de la metalurgia, minería, comercio, transporte y recursos humanos quedaron sujetas a las nuevas restricciones.
En los últimos meses, Washington ha intensificado la presión de las sanciones contra la isla, agravando la crisis existente en Cuba.
Desde enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplica una política de máxima presión sobre la isla. Sumó un bloqueo petrolero y una batería de sanciones adicionales contra empresas y dirigentes cubanos.
El Gobierno cubano sostiene que estas medidas buscan recrudecer la escasez, profundizar la crisis económica y fomentar el descontento social. La Habana ha denunciado que Washington aplica una política que califica de genocida contra la isla.
Asimismo, declaró una emergencia nacional en respuesta a lo que describió como una “amenaza de Cuba a la seguridad nacional de Estados Unidos”.
La medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, los servicios de salud y la educación.
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