Por: Ricardo Abud
La revelación de un supuesto plan impulsado desde Washington para implementar una administración temporal en Venezuela ha encendido un profundo debate sobre el futuro institucional del país tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.
Según fuentes citadas por el diario ABC, el gobierno estadounidense evalúa una propuesta que contempla el despliegue de 3.000 especialistas civiles y técnicos, junto con una inversión de 3.000 millones de dólares destinada a la reconstrucción de infraestructura crítica. Aunque el proyecto no contempla una intervención militar, busca establecer una estructura administrativa que, bajo el argumento de evitar un vacío de poder, encamine al país hacia un proceso electoral, manteniendo vigente la hoja de ruta de tres fases, estabilización, reinstitucionalización y elecciones, defendida por figuras como Marco Rubio.
A pesar de que el plan sigue en una fase preliminar y carece de una fórmula jurídica definida, su existencia ha generado una controversia inmediata debido a la ausencia de consulta directa al pueblo venezolano. La iniciativa pone de relieve la tensión entre la urgencia de atender una emergencia humanitaria que ha dejado miles de víctimas y la defensa innegociable de la soberanía nacional. Por un lado, la mesa de diálogo anunciada entre la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea Nacional actual se presenta como una respuesta necesaria a la crisis de acuerdo a lo que ellos plantean, aun cuando la instancia de 2015 carece de legitimidad jurídica vigente; por otro lado, diversos sectores advierten que negociar los pilares del Estado en despachos extranjeros, sin un mandato claro y con instituciones cuya legitimidad es objeto de disputa, supone un riesgo para la autodeterminación del país.
Es particularmente indignante observar el silencio cómplice de aquellos que se autodenominan líderes políticos frente a este intento de tutelaje extranjero. Mientras se perfila una hoja de ruta diseñada en despachos ajenos para intervenir en la administración del país, estos actores parecen haber renunciado a cualquier atisbo de decoro o sentido de patria, prefiriendo la complacencia ante sus patrocinadores externos antes que la defensa firme de la dignidad nacional. Resulta incomprensible y carente de toda vergüenza que, ante la pretensión de subordinar la soberanía venezolana, guarden un silencio sepulcral, dejando en evidencia que su lealtad no está con el pueblo que dicen representar, sino con la conveniencia de una agenda foránea que busca capitalizar la tragedia nacional para imponer sus propios términos.
Resulta fundamental aclarar que, independientemente de las posturas políticas, en Venezuela no existe un vacío de poder; el país cuenta con estructuras de Estado en funcionamiento, y cualquier pretensión de sustituir la soberanía nacional bajo la premisa de una supuesta ausencia de mando es un diagnóstico ajeno a la realidad interna.
Resulta preocupante que, ante este escenario, el destino político de una nación sea objeto de deliberación externa sin que medie una voz ciudadana que valide tales acuerdos. Defender la democracia implica, necesariamente, proteger la independencia del Estado y reconocer que cualquier iniciativa internacional, por bien intencionada que parezca, debe ser un mecanismo de apoyo solicitado y aceptado por las instituciones legítimas, y nunca un sustituto de la voluntad popular. El uso de figuras legislativas cuyos periodos han expirado para validar acuerdos de esta envergadura solo profundiza la desconfianza ciudadana y posterga la necesidad de soluciones auténticamente venezolanas.
La emergencia humanitaria, por más apremiante que sea, no puede utilizarse como excusa para legitimar la injerencia extranjera, ya que el riesgo de comprometer la soberanía nacional es, a todas luces, inaceptable. Aceptar una administración temporal diseñada en despachos externos no solo es una vulneración directa a la autodeterminación del país, sino que constituye un precedente peligroso que subordina el destino de la nación a intereses foráneos.
La historia demuestra que las soluciones impuestas desde fuera, lejos de garantizar estabilidad o democracia, terminan desmantelando la independencia institucional y profundizando la dependencia. La dignidad de una nación reside precisamente en su capacidad de superar sus crisis, por más devastadoras que sean, mediante el consenso propio y el respeto irrestricto a su soberanía, sin que la necesidad material se convierta en una moneda de cambio para sacrificar la libertad política y la autonomía del pueblo venezolano.
En última instancia, el debate desnuda una realidad ineludible: la soberanía no puede convertirse en un asunto sujeto a acuerdos diseñados fuera de las fronteras. Pretender reemplazar la voluntad de un pueblo mediante planes elaborados en el exterior constituye un error que desatiende la historia política del país y sus capacidades.
Las soluciones a la crisis que atraviesa Venezuela deben construirse respetando la Constitución y el derecho inalienable de los venezolanos a decidir su propio destino. La lección fundamental para cualquier actor político, interno o externo, es que la independencia de la nación no pertenece a las potencias, ni a facciones políticas, sino exclusivamente a sus ciudadanos.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
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