Por:Ricardo Abud
La interrogante sobre quién decidió que Venezuela necesita tutores resuena con una urgencia que trasciende el debate político cotidiano. Resulta cuanto menos humillante observar cómo, en congresos extranjeros, se discute el destino de nuestro país, el funcionamiento de sus instituciones y el manejo de sus recursos petroleros como si se tratara de un protectorado o una empresa en liquidación.
Esta normalización de la injerencia extranjera es el síntoma de una tragedia doble: por un lado, la pretensión externa de administrar nuestra soberanía, y por el otro, la claudicación de una dirigencia interna que, tras décadas de discursos inflamados sobre independencia, terminó conduciendo al país hacia una vulnerabilidad sin precedentes, creando las condiciones para que otros se sintieran con el derecho de intervenir.
Hablan de las fases de estabilización, recuperación y transición. Hablan de la necesidad de reorganizar organismos electorales. Hablan de crear condiciones políticas. Hablan de nuestros recursos económicos. Hablan de nuestro petróleo. Hablan de nuestro futuro.
Y yo me pregunto: ¿quién decidió que Venezuela necesita tutores?
Ningún venezolano eligió al Congreso estadounidense para administrar los asuntos de nuestra República. Ningún ciudadano de este país votó para que funcionarios extranjeros determinarán el ritmo de nuestra vida política. Sin embargo, la naturalidad con la que se desarrolla este debate resulta alarmante. Pareciera que algunos consideran normal que una potencia extranjera discuta los detalles internos de una nación soberana.
Ni Washington tiene derecho a determinar cuándo celebramos nuestras elecciones, ni Caracas puede utilizar la bandera de la soberanía para ocultar sus abusos; ambas posiciones terminan despreciando la voluntad y la capacidad de los ciudadanos venezolanos para gobernarse a sí mismos.
Todavía más inquietante resulta escuchar explicaciones sobre el dinero proveniente de las ventas del petróleo venezolano. Se habla de cuentas bloqueadas, auditorías internacionales y mecanismos de supervisión como si estuviéramos frente a los bienes de una empresa en quiebra sometida a intervención judicial. No estamos hablando de activos privados. Estamos hablando de recursos pertenecientes a una nación. Recursos que deberían estar bajo control de instituciones venezolanas legítimas y sometidas al escrutinio de los ciudadanos venezolanos.
La verdadera reconstrucción de Venezuela no puede nacer de una tutela foránea, sino de un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho y la justicia. Si bien el país enfrenta una crisis profunda que exige soluciones urgentes, ninguna meta tendrá valor si es percibida como una imposición externa. Por ello, la justicia frente a la corrupción debe ser el eje central de este proceso: una justicia que no dependa del poder político, de la influencia económica ni de los vínculos partidistas. La impunidad selectiva ha sido el mayor veneno para nuestra institucionalidad, creando una falsa sensación de normalidad donde la ley se utiliza como arma contra adversarios mientras se protege a los aliados. La igualdad ante la ley debe ser absoluta y aplicarse contra cualquier persona, sin importar su rango, ideología o posición, que haya participado en el saqueo de los recursos públicos.
Otro aspecto que me preocupa profundamente es el comportamiento de la Asamblea Nacional. Lejos de convertirse en un espacio de debate plural y defensa de los intereses de los ciudadanos, con demasiada frecuencia parece actuar de espaldas al pueblo. Observó con inquietud la aprobación de leyes que muchos venezolanos perciben como alineadas con intereses económicos externos y no con las necesidades de las familias trabajadoras.
La posibilidad de avanzar hacia la privatización del servicio eléctrico, un sector estratégico para el desarrollo nacional, debería ser objeto de una amplia consulta pública y no de decisiones tomadas entre élites políticas y económicas. Considero que ha llegado el momento de establecer mecanismos efectivos de control ciudadano sobre el poder legislativo. Las leyes que tengan un impacto directo sobre el patrimonio nacional, los servicios públicos, los recursos estratégicos o el ingreso familiar deberían ser sometidas a referendos consultivos o aprobatorios para que sea el pueblo quien tenga la última palabra. La democracia no puede reducirse a elegir representantes cada cierto número de años; debe garantizar que los ciudadanos participen activamente en las decisiones que afectan su calidad de vida y el futuro de la nación.
Venezuela posee un andamiaje jurídico robusto, desde la Constitución que declara imprescriptibles los delitos contra el patrimonio público hasta los diversos instrumentos internacionales que permiten la persecución de activos y la cooperación judicial global. Sin embargo, las leyes son ineficaces sin instituciones independientes dotadas de autonomía real, como fiscalías especializadas, tribunales libres de presiones y unidades de inteligencia financiera que sigan el rastro del dinero. El dinero obtenido ilícitamente, que suele esconderse en jurisdicciones opacas o bienes inmuebles en el extranjero, debe ser recuperado mediante auditorías forenses y asistencia mutua internacional. El objetivo final de este esfuerzo no es el castigo por venganza, sino la reparación: devolver al patrimonio nacional lo que fue sustraído para sanar las heridas sociales que dejó el desfalco, desde hospitales desabastecidos hasta infraestructuras colapsadas.
La reconstrucción exige, por tanto, transitar de un sistema de privilegios a uno de responsabilidad pública. Esto requiere una justicia transicional que combine verdad sin restricciones, justicia proporcional y priorizada, y reparación efectiva. El pueblo venezolano merece una certeza fundamental: que el saqueo no fue un crimen abstracto, sino una agresión directa contra su calidad de vida, y que la rendición de cuentas es el paso necesario para la reconciliación.
Sin verdad no hay confianza, y sin justicia no puede haber un futuro duradero. Venezuela debe recuperar su capacidad de decidir su destino sin administradores externos, bajo la premisa de que una nación deja de ser plenamente libre cuando otros hablan de ella como si les perteneciera. La soberanía no es un eslogan para proteger a las élites, sino el derecho sagrado de los ciudadanos a reconstruir su país sobre las bases sólidas de la ley, la honestidad y el respeto mutuo.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
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