Por: Ricardo Abud
El gobierno convirtió en norma aquello que tanto cuestionó durante décadas: la bonificación del salario, con pagos especiales que no tienen incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores, y que se reparten de forma discrecional sin estar amparados por ninguna ley, dependiendo exclusivamente de las decisiones del Ejecutivo.
Ese es el gran secreto detrás del anuncio del 1° de mayo que el gobierno presentó con bombos, platillos y cadena nacional.
La aritmética es clara. El salario mínimo sube a 5 dólares. Y encima de esos 5 dólares, el gobierno añade 235 dólares en bonos para redondear los 240 dólares que presume como ingreso de los trabajadores activos. La pregunta que el gobierno no responde ante las cámaras es esta: ¿sobre cuánto se calculan las vacaciones, las utilidades, las prestaciones sociales y la futura pensión de ese trabajador? Sobre 5 dólares. No sobre 240. La compensación real se sostiene mediante bonificaciones que no generan incidencias en los pasivos laborales: vacaciones, utilidades y prestaciones se calculan sobre el salario base, no sobre los bonos. El trabajador que hoy recibe 240 dólares al mes, cuando se jubile recibirá una pensión calculada sobre 5 dólares de salario. Ese es el verdadero legado de este modelo.
Y los pensionados de hoy ya viven esa realidad. Son la fotografía del futuro que le espera a cada trabajador activo que aplaude el anuncio sin leer la letra pequeña. Con apenas 70 dólares de bono de guerra y una pensión base de 5 dólares, los adultos mayores venezolanos que dedicaron sus vidas al servicio del Estado sobreviven en una situación de abandono que debería indignar a cualquier sociedad. La canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas se ubica en aproximadamente 692 dólares mensuales. Un pensionado con 70 dólares no llega ni al 10% de lo que necesita para comer. La burla a la tercera edad no es nueva, pero hoy se anuncia con más descaro que nunca.
Los sindicatos advierten que las demandas laborales no terminarán con este anuncio, ya que el Ejecutivo también debe abordar la revisión de convenciones colectivas, bonos de alimentación, vacaciones y aguinaldos. Porque el problema de fondo no es solo el monto: es la arquitectura de un sistema diseñado deliberadamente para que el Estado no asuma sus obligaciones laborales reales. Los bonos no son salario. Son una promesa que puede quitarse con otro decreto.
En un país que acumula cuatro años sin mejora en el salario mínimo, con una inflación anualizada que supera el 600%, las ilusiones de los trabajadores se disparan tanto como los precios. Y el gobierno lo sabe. Por eso anuncia con fanfarria una cifra de 240 dólares que suena a victoria pero que, al revisar con honestidad, confirma que Venezuela sigue siendo el país con el salario base más bajo de América Latina, con trabajadores que dependen de la generosidad discrecional del poder para sobrevivir el mes, y con pensionados que esperan lo mínimo y reciben menos que eso. Eso no es justicia social. Es control social disfrazado de aumento.
Esta política de "bonificación" representa, además, el golpe de gracia al concepto del ahorro y la movilidad social. Al despojar al salario de su valor real, el Ejecutivo ha destruido la capacidad del trabajador para planificar su futuro; nadie puede comprar una vivienda o costear una emergencia médica basándose en bonos volátiles que el sistema bancario no reconoce como respaldo. Se ha instaurado una meritocracia a la inversa, donde años de formación y especialización valen exactamente lo mismo que el cargo más básico: un ingreso de supervivencia que no reconoce jerarquías, nivelando a la sociedad hacia abajo bajo un rasero de precariedad absoluta.
Resulta una ironía histórica que un gobierno "obrerista" haya perfeccionado las prácticas de precarización que la izquierda mundial combatió durante el siglo XX. Al pagar mediante bonos, el Estado se comporta como el más rapaz de los patronos, evadiendo sus responsabilidades legales y fiscales. Es una estrategia de ingeniería financiera diseñada para vaciar las arcas de la seguridad social y desentenderse de la deuda histórica con los trabajadores. Mientras el discurso oficial habla de resistencia frente al capital, la práctica gubernamental consiste en despojar al empleado de su patrimonio acumulado, transformando el derecho al trabajo en una concesión graciosa y revocable.
Finalmente, tras esta falta de anclaje legal subyace un mecanismo de control social profundamente perverso. Al no estar sujetos a contratos colectivos protegidos, los bonos se convierten en una correa de transmisión de obediencia: el trabajador no recibe lo que le corresponde por ley, sino lo que el poder decide otorgarle a través de plataformas digitales controladas políticamente. Esta "economía de la lealtad" obliga a la ciudadanía a un estado de gratitud permanente por migajas, mientras el gobierno utiliza la necesidad básica como moneda de cambio para garantizar la paz social a corto plazo, hipotecando la vejez y la dignidad de toda una generación.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
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