El Estado venezolano comparece este 4 de mayo de 2026 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con el propósito de exponer los fundamentos que sustentan su soberanía sobre la Guayana Esequiba, en el marco de las audiencias orales sobre la controversia territorial con Guyana.
La delegación oficial acude a La Haya bajo la premisa de presentar la verdad histórica del país, manteniendo una postura de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte para resolver el fondo del asunto, al considerar que el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Hasta el 11 de mayo se desarrollarán las audiencias destinadas a revisar la validez del laudo arbitral de 1899, el cual estableció la frontera entre ambas naciones durante la época colonial británica. En este marco, Guyana presentará sus alegatos este lunes, mientras que Venezuela expondrá su postura el miércoles.
La estrategia de Caracas se centra en demostrar la invalidez del Laudo Arbitral de París de 1899, al que califica como un fraude procesal con el que el Venezuela fue despojada de 160 mil kilómetros de territorio.
Según la posición oficial de Venezuela, su participación en esta fase no constituye una aceptación de la autoridad judicial de la CIJ para emitir una sentencia vinculante, sino una oportunidad para consignar pruebas documentales que ratifican que el territorio en disputa es parte integrante de su geografía desde la Capitanía General. Esta comparecencia ocurre tras años de tensiones diplomáticas que se agudizaron significativamente a partir de 2015.
El estatus actual de la controversia es el resultado de una escalada que comenzó hace once años, cuando la República Cooperativa de Guyana autorizó exploraciones petroleras unilaterales en aguas marítimas pendientes por delimitar.
En marzo de 2015, el inicio de las operaciones de ExxonMobil en el bloque Stabroek marcó el fin de la etapa de relativa estabilidad bajo los Buenos Oficios de las Naciones Unidas. A partir de ese momento, Venezuela intensificó sus reclamos de soberanía, mientras que Guyana optó por judicializar la disputa, solicitando a la CIJ en 2018 que validara de forma definitiva el laudo de 1899.
Durante la última década, el proceso ha transitado por momentos críticos de definición jurídica y política. En diciembre de 2020, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para examinar la demanda guyanesa, una decisión que Venezuela rechazó por contravenir el principio del consentimiento mutuo.
La situación alcanzó un punto de inflexión en diciembre de 2023, cuando el Gobierno venezolano celebró un referéndum consultivo en el que la población votó mayoritariamente por desconocer la jurisdicción de la CIJ y respaldó la creación del estado Guayana Esequiba. Este mandato popular ha regido la actuación diplomática del país hasta la fecha actual de 2026.
La delegación venezolana reitera en esta audiencia que el Acuerdo de Ginebra de 1966 sigue siendo el único marco normativo que obliga a ambas partes a negociar una solución práctica y satisfactoria.
Para Caracas, la insistencia de Guyana en un fallo judicial ignora el espíritu de dicho acuerdo, que fue firmado precisamente porque el Reino Unido reconoció que el laudo de 1899 era nulo e írrito.
Con los alegatos presentados este mayo, Venezuela busca dejar un registro histórico de su defensa soberana frente a la comunidad internacional, mientras se mantiene a la espera de los próximos pasos procesales en un escenario donde el reconocimiento de la CIJ sigue siendo el principal punto de fricción legal.
Agencias
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