Por: Ricardo Abud
Una tensión que se ha vuelto cotidiana en el paisaje político venezolano: la de un gobierno que proclama soberanía con una mano mientras, con la otra, firma silencios estratégicos ante las declaraciones de funcionarios norteamericanos. No se trata de una percepción aislada, sino de un patrón que se repite con inquietante regularidad.
Cuando desde el norte llegan señales ,a veces veladas, a veces directas, la respuesta institucional es el mutismo, la ambigüedad calculada, la frase que no compromete y que, precisamente por eso, lo compromete todo.
La soberanía no se pierde únicamente cuando un país cede territorio; se pierde, quizás de forma más silenciosa y más duradera, cuando sus decisiones políticas y económicas comienzan a trazarse en función de lo que otro actor externo está dispuesto a tolerar. Cuando la brújula de la gobernanza apunta menos hacia el proyecto nacional y más hacia la temperatura del ánimo en Washington, el concepto de autonomía deja de ser una realidad para convertirse en un ejercicio retórico.
Uno de los hechos que más desafía la lógica de la coyuntura actual es el de quienes, habiendo sido arquitectos o cómplices del modelo que hoy cuestionan, asumen ahora el rol de críticos severos. Antes del quiebre de enero, cuando el extremismo ,entendido como la rigidez doctrinaria que excluye el disenso y concentra el poder, era señalado por voces externas, muchos de sus actuales detractores internos ocupaban sillas en esa misma mesa. No renunciaron. No pusieron sus cargos sobre la mesa como acto de coherencia ética. Permanecieron.
Esa permanencia no es un detalle menor: es una confesión. Quien convive con lo que considera un error sin decirlo, sin resistirlo, sin marcharse, se convierte en parte funcional de ese error. La crítica tardía, pronunciada desde la comodidad de un nuevo viento político, no redime; apenas delata la naturaleza oportunista de ciertas lealtades. Juzgar hoy lo que se construyó ayer, desde las mismas instituciones donde se construyó, requiere al menos la honestidad de reconocer la propia complicidad.
Hay decisiones que, analizadas en frío, resultan difíciles de justificar desde cualquier lectura constitucional o ideológica coherente. Posiciones asumidas no por convicción ni por mandato popular, sino por la necesidad de no irritar a un interlocutor externo cuya benevolencia se ha vuelto condición para la estabilidad del modelo. Se ceden espacios en lo económico ,concesiones que hace una década habrían sido calificadas de traición, y se guarda silencio en lo político ante declaraciones que vulneran la dignidad del Estado.
El resultado es una revolución que se mira al espejo y ya no se reconoce del todo. Lo que fue un proyecto de ruptura con la dependencia histórica hacia el norte ha ido incorporando, de forma pragmática pero también resignada, lógicas de subordinación que contradicen su propio relato fundacional. No se trata de romantizar ese relato, que tuvo sus propias contradicciones y excesos; se trata de señalar que cuando un proyecto político sacrifica sus principios para sobrevivir, la pregunta legítima es: ¿qué exactamente está sobreviviendo?
No hay una respuesta simple a este dilema, y sería deshonesto fingir que la hay. Gobernar bajo presión externa, con sanciones, con aislamiento y con una economía fracturada, obliga a negociaciones que en tiempos de plenitud serían impensables. Eso es real. Pero la diferencia entre una negociación soberana y una capitulación silenciosa está, precisamente, en si el pueblo al que se gobierna sabe lo que se está cediendo y a cambio de qué.
El silencio institucional ante declaraciones de funcionarios extranjeros no es solo una omisión política: es una violación tácita del marco constitucional venezolano. La Constitución de 1999 establece explícitamente en su artículo 1 la independencia y soberanía de la República como valores irrenunciables, y en su artículo 152 obliga al Estado a conducir sus relaciones internacionales sobre la base de la autodeterminación y la no injerencia en asuntos internos.
Cuando el Ejecutivo elige el mutismo calculado frente a declaraciones foráneas que condicionan, abierta o veladamente, decisiones de política interna, no está ejerciendo prudencia diplomática: está permitiendo que una potencia extranjera opere como variable determinante de la gobernanza nacional, lo cual contradice directamente el mandato constitucional de ejercer soberanía plena. La Constitución no contempla excepciones de conveniencia; no autoriza ceder autonomía decisional a cambio de estabilidad negociada. Ese silencio, entonces, no es neutral ni inocente: es la forma en que un Estado renuncia, sin decreto ni debate, a las obligaciones que su propia carta magna le impone.
La soberanía no se declama; se ejerce. Y ejercerla, a veces, cuesta más de lo que ciertos gobiernos están dispuestos a pagar.
Una tensión se ha vuelto cotidiana en el paisaje político venezolano: la de un gobierno que proclama soberanía con una mano mientras, con la otra, firma silencios estratégicos ante las declaraciones de funcionarios norteamericanos. No se trata de una percepción aislada, sino de un patrón que se repite con inquietante regularidad. Cuando desde el norte llegan señales ,a veces veladas, a veces directas, la respuesta institucional es el mutismo, la ambigüedad calculada, la frase que no compromete y que, precisamente por eso, lo compromete todo.
La soberanía no se pierde únicamente cuando un país cede territorio; se pierde, quizás de forma más silenciosa y más duradera, cuando sus decisiones políticas y económicas comienzan a trazarse en función de lo que otro actor externo está dispuesto a tolerar. Cuando la brújula de la gobernanza apunta menos hacia el proyecto nacional y más hacia la temperatura del ánimo en Washington, el concepto de autonomía deja de ser una realidad para convertirse en un ejercicio retórico.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
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