La Fiscalía “iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadunidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”
La Fiscalía General de la República de México (FGR) declaró este miércoles que iniciará una pesquisa sobre la acusación realizada por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.
Al aclarar que la solicitud en curso no tiene pruebas suficientes, el organismo puntualizó que el requerimiento de la detención «no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados», en relación a los presuntos vínculos con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, pertenecientes al Cartel de Sinaloa.
Tras darse a conocer que existe la orden de captura en contra del ex mandatario sinaloense y nueve personas, y que ésta fue emitida por un juez estadunidense, el titular de la fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, informó que la institución “en este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia”.
Afirmó asimismo que “en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables en la materia, es obligación de esta fiscalía a través de la fiscalía especial para asuntos internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud”.
En este sentido, puntualizó que de manera paralela a la petición “iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadunidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”.
Subrayó el vocero que “la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial, una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”.
“No obstante, el tratado bilateral en la materia refiere con toda precisión que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida. En este caso de nuestro país”, agregó.
Lara López agregó que «la propia solicitud de los Estados Unidos requiere que el gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada, no sea divulgada ni se haga del dominio público como ocurrió en este caso en particular. Esto por propio dicho de las autoridades estadunidenses.
Autor: teleSUR- lvm - MS
Fuente: La Jornada
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