Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) avanza hoy en investigaciones internas sobre irregularidades en la calidad de los combustibles, sin descartar la existencia de un posible sabotaje, según su presidente, Yussef Akly.
“Estamos investigando si hubo sabotaje en la mezcla de combustibles y vamos a ejercer todo el peso de la ley”, aseguró la autoridad durante una conferencia de prensa, en la cual anunció que el Estado aplicará acciones firmes para proteger a los dueños de vehículos y a esa corporación.
Mencionó entre las primeras medidas ya aplicadas el despido de 360 empleados, como parte de un plan de depuración interna orientada, según explicó, a retirar de la empresa a personas que perjudiquen la gestión y comprometan la calidad del servicio.
Describió Akly que las investigaciones realizadas en las últimas dos semanas permitieron hallar combustible desestabilizado con presencia de caucho y manganeso en algunos tanques.
Aclaró que estos casos tuvieron lugar en zonas específicos de Oruro, Trinidad y Montero (Santa Cruz), y que el problema no se registró a escala nacional.
El titular de YPFB precisó que la revisión abarcó toda la cadena de distribución de combustible, incluidas plantas, tanques y surtidores, con el objetivo de determinar el origen de las irregularidades y evitar que se repitan.
Anunció, asimismo, que YPFB entrará en una etapa de restructuración institucional orientada a intensificar los controles internos y reforzar los laboratorios de análisis con vista a garantizar la calidad de los combustibles que se comercializan en el país.
La corporación estatal ratificó que continuará las pesquisas hasta identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes, en aras de recuperar la confianza en el suministro de combustible.
Esta semana, el Ejecutivo reconoció públicamente que parte del combustible distribuido en el país no cumplió los parámetros internacionalmente establecidos, problema originado por la mezcla de gasolina importada con etanol, y culpó de ello al Gobierno que salió del poder hace tres meses.
La justificación provocó críticas no solo de políticos procedentes del sector popular como el exdignatario Evo Morales y el excandidato presidencial Andrónico Rodríguez, sino también del derechista líder de la alianza Unidad y principal aliado del Gobierno, Samuel Doria Medina.
El escándalo de la denominada “gasolina basura” provocó protestas y bloqueos de choferes de buses y motoristas en diversas jurisdicciones ante los graves y costosos daños sufridos por sus motores, con la exigencia de un resarcimiento a cargo de las estatales YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, órgano regulador en esta esfera.
otf/jpm
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