Por: Ricardo Abud
El salario mínimo representa la remuneración mínima que debe recibir un trabajador de su empleador por el trabajo efectuado en un tiempo determinado, y que paradójicamente también perciben pensionados y jubilados. Sin embargo, en Venezuela actual, este concepto ha perdido todo su significado fundamental.
El salario devengado mensualmente debe satisfacer nuestras necesidades tanto materiales como espirituales. Este es un claro ejemplo de lo que debe ser el salario: no solo debe cubrir las necesidades materiales, sino que, de por sí, satisface nuestras necesidades espirituales. Lo material y espiritual conforman una unidad dialéctica. La política salarial coadyuva necesariamente a la realización individual y colectiva en la sociedad, eleva la autoestima y mejora la condición social de las personas.
Por el contrario, el deterioro del salario frente a los ingresos de diferentes formas de propiedad como fuentes de ingreso genera crisis y agudiza las contradicciones en la sociedad, constituyendo uno de los elementos fundamentales del problema económico en nuestro país.
A noviembre de 2025, el salario mínimo en Venezuela se mantiene en niveles que lo hacen prácticamente simbólico. La bonificación especial que el gobierno añade mensualmente al salario base no logra cerrar la brecha abismal entre lo que gana un trabajador y lo que necesita para subsistir. Esta bonificación, que varía según decisiones gubernamentales, se ha convertido en un mecanismo que fragmenta y confunde la percepción del ingreso real, creando una estructura salarial opaca donde el trabajador depende de anuncios mensuales para saber cuánto percibirá.
El resultado es que un trabajador venezolano, con salario mínimo más bonificaciones, apenas alcanza el equivalente a unos pocos dólares mensuales, una cifra que no cubre ni siquiera la canasta básica alimentaria, calculada en cientos de dólares. Esta situación convierte el concepto de "salario mínimo" en una farsa, una cifra que existe en el papel pero que carece de poder adquisitivo real.
En la realidad social que vivimos existe un profundo desestimulo al trabajo y a la formación o mejoramiento académico, con el correspondiente deterioro de la productividad, la disminución de la producción y el debilitamiento del papel rector del Estado en la actividad económica del país.
La clase trabajadora venezolana, columna vertebral de cualquier economía, ha sido la más devastada por la crisis salarial. Obreros, empleados de comercio, trabajadores de la construcción, del transporte, de la manufactura y de servicios básicos enfrentan una realidad donde sus ingresos son insuficientes incluso para cubrir el transporte hacia sus lugares de trabajo. Muchos trabajadores deben tener dos o tres empleos simultáneos, sacrificando horas de descanso, tiempo familiar y su propia salud sólo para sobrevivir.
La situación es aún más dramática para aquellos en el sector público: empleados hospitalarios, trabajadores municipales, personal de limpieza, vigilantes y administrativos que perciben únicamente el salario mínimo oficial más la bonificación, sin posibilidad de ingresos complementarios. Estos trabajadores viven en la pobreza extrema a pesar de trabajar jornadas completas, una contradicción insostenible que desmantela el contrato social básico.
La clase media venezolana, que alguna vez fue el motor del consumo y la estabilidad social del país, prácticamente ha desaparecido. Profesionales, técnicos especializados, pequeños comerciantes y empleados calificados que antes tenían acceso a vivienda propia, educación privada para sus hijos, atención médica de calidad y capacidad de ahorro, hoy subsisten en condiciones precarias.
Un profesor universitario, un ingeniero en una empresa estatal, un médico en un hospital público o un abogado en ejercicio ganan salarios que los colocan por debajo de la línea de pobreza. La clase media se ha proletarizado, perdiendo no solo su poder adquisitivo sino también su identidad, sus aspiraciones y su papel como factor de equilibrio social.
Es en este contexto de desesperanza donde millones de venezolanos, de todas las clases sociales, piensan en migrar a otras latitudes donde puedan generar el dinero mínimo suficiente para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales.
La avalancha de compatriotas no se detiene. Millones continúan sumándose a las estadísticas migratorias, y no hay manera de frenar el desmoronamiento social que estamos presenciando. Según datos recientes, más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país, convirtiendo esta en una de las crisis migratorias más grandes del continente. No emigran solo los profesionales: también lo hacen obreros, comerciantes, técnicos, artesanos y trabajadores de todos los sectores.
Millones de venezolanos han salido del país en busca de nuevos horizontes, decididos a sustituir lo viejo por lo nuevo y empezar de cero. Dejan atrás el país que los educó profesionalmente o les enseñó un modo de vida útil. Abandonan TODO para dar paso a un nuevo comienzo. Se rompe así la estructura fundamental de la sociedad, la familia y el país se deteriora de manera vertiginosa.
Esta condición, sin lugar a dudas, tiene repercusiones sociales que muchos han querido silenciar, obviar o minimizar, pero las consecuencias son devastadoras. La cantidad de profesionales que han emigrado es inmensa: médicos, ingenieros, científicos, académicos, formados en universidades nacionales gratuitas e internacionales (en su mayoría becados), lo cual se traduce en una inversión multimillonaria PÉRDIDA por parte del Estado, destinada a formar cuadros profesionales que hoy laboran en otros países que no invirtieron capital en su formación.
Pero no solo se pierden profesionales. También emigran técnicos especializados, electricistas, plomeros, mecánicos, enfermeras, maestros de primaria, cocineros, operadores de maquinaria y trabajadores calificados de todas las áreas. Se vacían fábricas, talleres, hospitales, escuelas y empresas. La pérdida no es solo de "cerebros" sino de "manos" expertas, de conocimiento práctico, de experiencia laboral acumulada durante décadas.
La mayoría de los "mejores" han abandonado el país, pero también se han ido los "buenos", los "regulares" y hasta los que apenas comenzaban. Aparte del daño estrictamente económico, este éxodo se manifiesta con intensidad en lo académico, donde la pérdida de capacidad docente anula la posibilidad de formar nuevos talentos, interrumpiendo el circuito virtuoso de la generación de relevo.
En el sector productivo, las empresas cierran o reducen operaciones por falta de personal calificado. La industria manufacturera, ya golpeada por la falta de insumos y la obsolescencia tecnológica, ahora debe enfrentar la ausencia de trabajadores con experiencia. Los servicios públicos se deterioran no solo por falta de inversión sino también por la escasez de personal técnico capaz de mantener la infraestructura.
En una era descrita como la "del conocimiento", la pérdida de talento pone en peligro las posibilidades de desarrollo local en áreas críticas como la electrónica, las telecomunicaciones, la informática y la biotecnología. Esto nos lleva a preguntas fundamentales: ¿Quiénes formarán a los cuadros emergentes? ¿Qué calidad de educación recibirán? Peor aún, ¿Quiénes seguirán estudios superiores hoy en Venezuela?
Vivimos en una Venezuela donde tanto la clase media como la clase trabajadora se han empobrecido dramáticamente y las esperanzas se han reducido a su mínima expresión. Una Venezuela donde ser plomero o mecánico por ejemplo resulta hoy más lucrativo que ser ingeniero, abogado, profesor universitario, de liceo o de escuela.
Esta inversión de la pirámide profesional y laboral no solo refleja la crisis salarial, sino también la destrucción sistemática del tejido social y productivo del país. La paradoja es cruel: en Venezuela sobran empleos pero faltan salarios dignos. Las empresas buscan personal pero no pueden pagar lo suficiente para retenerlo. El Estado mantiene una enorme planilla pública pero con sueldos que condenan a sus trabajadores a la miseria.
La situación actual de Venezuela en relación al salario y la diáspora no es solo una crisis económica; es una tragedia humana y social que compromete el futuro mismo de la nación. La bonificación mensual, lejos de ser una solución, se ha convertido en un parche que oculta la magnitud del problema: la inexistencia de un salario real que permita vivir dignamente del trabajo.
Mientras el salario mínimo continúe siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas, mientras la bonificación siga siendo un mecanismo discrecional y no un derecho consolidado, y mientras la educación y el trabajo no sean recompensados apropiadamente, la hemorragia de talento y mano de obra continuará, dejando al país cada vez más desprovisto de los recursos humanos necesarios para su recuperación y desarrollo.
El salario en Venezuela ha dejado de cumplir su función esencial: permitir que quien trabaja pueda vivir dignamente. Sin corregir esta realidad fundamental, no habrá futuro posible para la nación.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
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