Por: Ricardo Abud
La situación política, económica y social de Venezuela ha llevado a millones de ciudadanos a buscar mejores oportunidades en el extranjero.
Sin embargo, el gobierno venezolano ha implementado políticas que generan discriminación hacia aquellos que se encuentran fuera del país, especialmente en lo que respecta a la entrada al territorio nacional con pasaportes vencidos. Esta medida, única en su severidad y alcance en la región, ha suscitado un amplio debate sobre los derechos de los venezolanos en el exterior y la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos.Venezuela, que alguna vez fue un país próspero con una economía sólida, ha atravesado una crisis profunda en las últimas dos décadas. La inestabilidad política, el colapso económico y la violación sistemática de los derechos humanos han obligado a millones de venezolanos a emigrar. Según estimaciones recientes, más de siete millones de venezolanos han abandonado el país, convirtiendo a la diáspora venezolana en una de las más grandes del mundo. Muchos de estos ciudadanos han dejado atrás sus pasaportes y documentos de identidad, ya sea por falta de recursos o por la urgencia de escapar de una situación crítica.
Uno de los aspectos más polémicos de la política migratoria del gobierno venezolano es la prohibición de entrada al país a aquellos ciudadanos que portan pasaportes vencidos. Esta medida ha sido criticada por ser discriminatoria y por crear una barrera adicional para los venezolanos que desean regresar a su patria. En la práctica, esto significa que muchas personas se ven obligadas a enfrentar largos y costosos procesos de renovación de documentos, lo que se convierte en una carga económica y emocional.
Históricamente, solo Cuba había implementado una política similar, restringiendo la entrada a su país a los cubanos con documentos vencidos. Esta comparación pone de relieve la naturaleza represiva de la política del gobierno venezolano, que parece alinearse más con un enfoque autoritario que con el de un Estado que busca proteger los derechos y la dignidad de sus ciudadanos. Cabe preguntarse de dónde habrán sacado esta medida absurda, será de los cubanos ?
Las consecuencias de esta política son variadas y profundas:
Desplazamiento Forzado
Muchos venezolanos se ven obligados a permanecer en el extranjero, incluso cuando desean regresar. La imposibilidad de ingresar al país sin un pasaporte válido genera un sentimiento de desarraigo y pérdida de identidad.
Carga Económica
Renovar un pasaporte venezolano desde el extranjero puede ser un proceso costoso y complicado. Las tarifas de renovación, junto con los gastos de viaje y la necesidad de documentos adicionales, representan un obstáculo significativo para muchos venezolanos que ya enfrentan dificultades económicas.
Violación de Derechos Humanos
La prohibición de entrada a los venezolanos con pasaportes vencidos se considera una violación de los derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de las personas a regresar a su país, y esta política contradice ese principio fundamental.
Estigmatización
Los venezolanos en el extranjero a menudo enfrentan estigmatización y discriminación en sus países de acogida. La política del gobierno agrega una capa adicional de dificultad, ya que quienes intentan regresar son vistos como "indeseables" por no cumplir con los requisitos de entrada.
Reacciones Internacionales
La comunidad internacional ha manifestado su preocupación por la situación de los venezolanos en el extranjero. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos y actores internacionales han condenado las políticas del gobierno venezolano, instando a la administración a reconsiderar su enfoque hacia sus ciudadanos en el exterior. En la Declaración de Quito del 4 de septiembre de 2018 se acordó: “acoger los documentos de viaje vencidos
como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”, de acuerdo con la legislación nacional de cada estado.
Firmantes: Argentina, República Federativa del Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, República de Panamá, República del Paraguay,
República del Perú y República Oriental del Uruguay. En su propio país no pueden entrar.
La discriminación que enfrenta el gobierno venezolano hacia sus ciudadanos en el extranjero, especialmente en relación con la entrada al país con pasaportes vencidos, es un reflejo de una crisis más amplia que afecta a la nación. La negación del derecho a regresar es un acto de represión que no solo afecta a los individuos, sino que también daña el tejido social y cultural del país. En un momento en que millones de venezolanos luchan por reconstruir sus vidas en el extranjero, es fundamental que el gobierno reevalúe sus políticas y busque soluciones que respeten los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos, sin importar su situación migratoria.
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