La búsqueda e identificación de restos humanos de posibles víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, la frena hoy la falta de fondos gubernamentales para reconocer los cuerpos, denunciaron sus familiares.
Después de esperar desde el 20 de diciembre de 1989 para encontrar a desaparecidos tras la masacre del ejército estadounidense, parientes y amigos se manifestaron en la Defensoría del Pueblo para pedir ayuda en el desarrollo de las investigaciones que desarrolla la Comisión 20 de Diciembre, creada por el anterior gobierno en 2016.
El grupo reclamó la ayuda del presidente del país, Laurentino Cortizo, en un cartel enarbolado en las afueras de la institución y contaron a periodistas anécdotas sobre cómo desaparecieron quienes desde entonces son buscados para que tengan un justo descanso eterno, expresaron.
En septiembre pasado, bajo la dirección del Ministerio Público, expertos en antropología y ciencias forenses rastrearon una fosa común identificada en el cementerio Monte Esperanza de la norteña ciudad de Colón, pero el dinero se agota sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mire) entregue la partida para continuar, según voceros de los manifestantes.
Los dolientes explicaron en una misiva dirigida al Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, que hasta el momento se recuperaron 33 restos óseos en las exhumaciones realizadas desde enero pasado en la necrópolis capitalina Jardín de Paz, con interrupciones por la Covid-19.
Expresaron su preocupación por el lento y burocrático desarrollo en el desembolso de fondos, el cual arriesga la identificación de los restos mediante pruebas de ADN, e incluso la posibilidad de lograrlo, porque la vigencia de la Comisión vence el 20 de julio de 2020.
Hasta el momento, 31 de los cadáveres hallados esperan por las finanzas para realizar el cotejo genético de las osamentas y los familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos durante la agresión militar, que dejó un número indeterminado de muertos.
Una resolución del Mire extendió por 12 meses, en julio pasado, la existencia del grupo y negó así los 18 solicitados por sus integrantes para concluir la indagatoria, que podría quedar incompleta, según adelantó entonces Juan Planells, quien encabeza la misión.
La historia de la cruenta invasión es un enigma, porque el ejército agresor se negó a ofrecer documentación que permita esclarecer lo ocurrido y la suerte de un número indeterminado de civiles y militares muertos y desaparecidos durante la acción, mientras solo existen testimonios de testigos que relataron anécdotas aisladas.
Entre las múltiples versiones, unas de las más reiteradas es la creación de fosas comunes, una de ellas con documentación fotográfica, mientras otros testimonios refieren enterramientos fuera de los cementerios e incluso cadáveres incinerados o tirados al mar.
ga/orm/cvl
El grupo reclamó la ayuda del presidente del país, Laurentino Cortizo, en un cartel enarbolado en las afueras de la institución y contaron a periodistas anécdotas sobre cómo desaparecieron quienes desde entonces son buscados para que tengan un justo descanso eterno, expresaron.
En septiembre pasado, bajo la dirección del Ministerio Público, expertos en antropología y ciencias forenses rastrearon una fosa común identificada en el cementerio Monte Esperanza de la norteña ciudad de Colón, pero el dinero se agota sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mire) entregue la partida para continuar, según voceros de los manifestantes.
Los dolientes explicaron en una misiva dirigida al Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, que hasta el momento se recuperaron 33 restos óseos en las exhumaciones realizadas desde enero pasado en la necrópolis capitalina Jardín de Paz, con interrupciones por la Covid-19.
Expresaron su preocupación por el lento y burocrático desarrollo en el desembolso de fondos, el cual arriesga la identificación de los restos mediante pruebas de ADN, e incluso la posibilidad de lograrlo, porque la vigencia de la Comisión vence el 20 de julio de 2020.
Hasta el momento, 31 de los cadáveres hallados esperan por las finanzas para realizar el cotejo genético de las osamentas y los familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos durante la agresión militar, que dejó un número indeterminado de muertos.
Una resolución del Mire extendió por 12 meses, en julio pasado, la existencia del grupo y negó así los 18 solicitados por sus integrantes para concluir la indagatoria, que podría quedar incompleta, según adelantó entonces Juan Planells, quien encabeza la misión.
La historia de la cruenta invasión es un enigma, porque el ejército agresor se negó a ofrecer documentación que permita esclarecer lo ocurrido y la suerte de un número indeterminado de civiles y militares muertos y desaparecidos durante la acción, mientras solo existen testimonios de testigos que relataron anécdotas aisladas.
Entre las múltiples versiones, unas de las más reiteradas es la creación de fosas comunes, una de ellas con documentación fotográfica, mientras otros testimonios refieren enterramientos fuera de los cementerios e incluso cadáveres incinerados o tirados al mar.
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