De igual forma se solicitó órdenes de aprehensión contra el Supervisor Jefe adjunto de la FAES Zulia, Freddy Rafael Deroy Ramírez y del Comisionado Agregado la FAES Zulia, Deivid Miguel Guerrero Moreno, por ser cómplices en el delito de homicidio calificado con alevosía y asociación.
La información la dio a conocer el fiscal General de la República, Tarek William Saab, este martes, quien precisó que los primeros imputados por este hecho responden a los nombres de José Contreras y Néstor Olano, quienes fueron presentados por los delitos de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible y violación de domicilio por parte de funcionario público.
Asimismo, también se solicitó orden de aprehensión contra la exfiscal del Ministerio Público, Jackbe de los Ángeles Galbán Azuage, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y asociación, luego que la exfuncionaria al ser allegada de José Salas, jefe del grupo actuante en los hechos, se presentó en las instalaciones de la FAES Zulia, sin ninguna autorización o notificación a sus superiores, en un vehículo particular que dejó estacionado en la sede y huyó del sitio con el funcionario involucrado.
Precisó que hasta la fecha se han solicitado 9 órdenes de aprehensión las cuales han sido acordadas por los tribunales, luego que las acciones preliminares practicadas por los fiscales 45º de Derechos Humanos y 15º de Delitos Comunes en el Zulia, determinaran en sus investigaciones que Andrés Eloy Zacarías Nieves y Víctor Manuel Torres Guerra, se encontraban en un estado inferior a su tirador, de rodillas o sentados, con lo que se ratifica la hipótesis de ajusticiamiento y recibieron disparos certeros a mediana distancia entre 4 y 6 metros.
Entre las diligencias practicadas se encuentran: identificación de testigos; presenciales de los hechos; planimetría versada de los hechos; inspección técnica; trayectoria y comparación balística, experticia de las armas; trazas telefónicas y apertura de celdas del sitio del suceso; copia del libro de novedades de la FAES; identificación plena de los funcionarios actuantes; obtención de copia de la asignación de las armas, identificación de los vehículos en que se trasladaban los funcionarios y obtención de la necropsia de ley.
El Fiscal General describió que Andrés Zacarías, licenciado en educación, laboraba en el lugar de los hechos para el medio alternativo comunitario La Guacamaya TV, que tenía su sede en la residencia de Torres. Con ellos se encontraba una tercera persona, un adolescente, que es quien abre la puerta y da acceso a la vivienda. Los funcionarios de la FAES sacaron de la vivienda a la adolescente y posteriormente se escuchan tres detonaciones e inmediatamente los funcionarios sacan los cuerpos en una camioneta color blanco doble cabina con las siglas FAES y se dirigieron hacia el hospital de Cabimas donde el médico de guardia certificó las muertes.
Las experticias realizadas y con protocolos de necropsia determinaron que Andrés Zacarías recibió dos disparos, mientras que Víctor Torres recibió uno que les cegó la vida.
“Para ambos cuerpos se colectaron de forma intraorgánica los tres proyectiles, los cuales serán peritados por el departamento de criminalística del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)”, refirió Saab.
Añadió que las primeras diligencias de investigación han arrojado como responsables de los hechos al Oficial jefe José Salas, Oficial agregado Nerio Álvarez, Oficial agregado Andrés Díaz, Oficial José Moreno, así como a los ya imputados Olano y Contreras.
Por su parte, reprochó que no conforme con este hecho delictivo, los funcionarios regresaron al sitio del suceso y robaron los equipos de la televisora comunitaria, así como otros bienes que habían dentro de la vivienda.
Sobre los Jefes de la FAES Zulia, indicó que estos funcionarios avalaron las actuaciones delictivas de los autores materiales de los hechos al elaborar y suscribir actas viciadas de nulidad por carecer de veracidad, simulando la comisión de un enfrentamiento policial para dar muerte a las víctimas.
“Quisieron encubrir la ejecución extrajudicial y hacerla pasar como un enfrentamiento con delincuentes”, indicó al tiempo que calificó a estos funcionarios como infiltrados ya que a su juicio no tienen ninguna vocación policial.
Sostuvo que el Ministerio Público está decidido a acabar con los delincuentes uniformados, “con ellos hemos llevado una guerra sin cuartel, lo mismo podemos decir con las mafias organizadas. Es un arduo trabajo que no podemos dejar”.
“Quien viole Derechos Humanos en Venezuela irá recibirá la condena máxima porque esto no es Colombia”, enfatizó.
Pidió a los cuerpos de seguridad del Estado garantizar los Derechos Humanos, aún en las circunstancias más difíciles. “No podemos permitir que una minoría manche el nombre del Estado. Cada acción como esta es una traición al pueblo”.
/maye
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