La acción legal, interpuesta por el fiscal general del territorio, Xavier Becerra, y varios alcaldes del estado, argumenta que sería inconstitucional que la administración de Donald Trump no contabilice a las personas sin documentos en el censo de este año.
Además, la demanda señala que la medida sobre el tema adoptada por el ejecutivo del republicano es un intento de despojar a California de al menos de uno de sus escaños en la Cámara Baja.
No puedes ser un presidente de la ley y el orden si sigues violando la ley. Este último ataque al censo es solo eso: es ilegal, expresó Becerra en un comunicado, en referencia a Trump.
El 21 de julio el gobernante firmó un memorando dirigido a que el Censo de 2020 no incluya en el recuento de distribución de distritos a los inmigrantes radicados en Estados Unidos sin autorización.
La medida, la cual supondría un cambio sin precedentes a un mandato constitucional que establece el recuento de cada persona que vive en el país, sin importar su condición migratoria, es vista por voces críticas como una táctica para ayudar a los republicanos en las elecciones.
Desde que Estados Unidos comentó a realizar los censos en 1790, tanto los ciudadanos norteamericanos como los no ciudadanos se han incluido en esos recuentos oficiales de población.
La Constitución especifica que las personas que residen en los estados deben contarse cada 10 años para determinar la participación de cada territorio en los asientos de la Cámara de Representantes.
Mediante su memorando, Trump manifestó que el presidente tiene la última palabra sobre la transmisión del informe final del censo al Congreso, y que la carta magna no define explícitamente quién califica como 'habitante'.
La orden fue vista como la búsqueda por de una solución alternativa parte de Trump, luego de que el año pasado la Corte Suprema del país rechazó el intento de su administración de agregar en el censo una pregunta sobre ciudadanía.
El presidente Trump todavía cree que puede eludir la Constitución de Estados Unidos. Un conteo completo y preciso es clave para garantizar que obtengamos la representación en el Congreso y los recursos a los que tenemos derecho, dijo este martes el fiscal general californiano.
Debemos llamar a esto lo que es: otra toma de poder inconstitucional por parte de un presidente desesperado por alejar la influencia política de los lugares donde viven muchos inmigrantes, expresó, a su vez, el abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer.
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