Según el portal Congreso en foco, el texto determina que la compensación se hace con los propios recursos del preso o por el trabajo realizado en prisión si no puede pagar los gastos.
La propuesta, cuyo autor es el exsenador Waldemir Moka, vuelve para ser analizada en el pleno tras el reemplazo en julio de la congresista Soraya Thronicke.
Durante este período, el proyecto fue devuelto a la Comisión de Constitución y Justicia.
Medios periodísticos denuncian que, si bien el país invierte un poco más de nueve mil dólares al año en cada recluso de una prisión federal, gasta un promedio de cuatro mil anuales en cada estudiante de enseñanza superior, aproximadamente un tercio de la cantidad que se disipa en los reclusos.
Cuando se comparan los reclusos de prisiones estatales, donde se encuentra la mayor parte de la población carcelaria, con los estudiantes de secundaria (el nivel de educación bajo los gobiernos de los estados), la distancia resulta aún mayor.
Se gasta un promedio de cinco mil dólares por año en cada recluso, nueve veces más que la cantidad usada en un alumno secundario por calendario (un poco más de 500 dólares).
Para investigadores de la seguridad pública y educación, el contraste de las inversiones hace explícitos dos problemas centrales en la conducción de estos sectores en Brasil: el bajo valor invertido en la educación y la ineficiencia del gasto en el sistema penitenciario.
Recalcan que resulta muy importante mejorar la eficiencia de la gestión de los recursos. Una buena gestión puede crear una escuela motivadora. Y un estudiante exitoso raramente deja la escuela y está más lejos de la cárcel.
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