Díaz expuso el sentir del cuerpo de acusadores del país al propio presidente electo, Luis Lacalle Pou, quien enarbola un anteproyecto de Ley de urgente consideración (LUC) de 457 artículos bajo fuerte crítica desde distintos sectores de la sociedad.
Uno de los temas más polémicos es la propuesta de limitar los procesos abreviados para los delitos con una pena máxima de tres años, lo que de aprobarse implicará someter a investigación y juicios orales a mil 500 expedientes por rapiña.
'Deben tenerse presente que el juicio oral es la vía procesal más costosa en términos de tiempo y recursos', advierte la fuente del ministerio Público.
Se impugna la intención de introducir el proceso extraordinario 'inconstitucional' ya que todo juicio criminal 'empezará por acusación de parte o del acusador público'.
Díaz considera que muchos de esos cambios al Código del Proceso Penal (CPP) son 'inconstitucionales' vulneran puntos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y van a generar mayores trastornos en la tarea de los fiscales.
Argumentó en declaraciones a la prensa que la cuestionada propuesta de ley además de crear un procedimiento extraordinario para situaciones de baja complejidad elimina la suspensión condicional del proceso, el régimen de libertad vigilada y el principio de oportunidad.
Penalistas consultados creen que los cambios que el gobierno electo propone traerán como consecuencia mayor encarcelamiento y más problemas de funcionamiento a las fiscalías.
tgj/hr
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