Se trata del caso 03, 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado', conocido como el de 'falsos positivos'.
La versión se llevará a cabo hasta el 14 de febrero próximo de manera reservada y asistirán víctimas acreditadas dentro del caso y sus representantes, precisó la JEP.
Asimismo, detalló que ordenó la comparecencia de Montoya, quien firmó el 17 de octubre de 2018 el acta de sometimiento a la Jurisdicción, 'ya que ha sido comprometido en varios informes allegados a la JEP y en por lo menos 11 versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del caso 03'.
En las versiones ante la JEP los comparecientes están obligados a aportar verdad plena, lo cual significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión.
Asimismo, aportar las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades, precisó el tribunal en un comunicado.
En el mencionado caso, han rendido versión tres generales del Ejército Nacional.
Las versiones rendidas ante la JEP fueron puestas a disposición de las 360 víctimas que se han acreditado, para sus observaciones y solicitud de práctica de pruebas.
La Fiscalía General de la Nación identificó un total de dos mil 248 víctimas de las llamadas ejecuciones extrajudiciales entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 por ciento fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años.
Según el informe de la Fiscalía presentado a la JEP, el fenómeno allí descrito aumentó de manera sustancial a partir del año 2002 y tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008, involucrando, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos, según el comunicado.
La JEP, fruto del Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el Estado y la exguerrilla FARC-EP, tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos consumados en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.
Fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.
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