La ministra española de Hacienda, María Jesús Montero, anticipó la semana pasada que estos nuevos tributos estaban listos ya y podrían ver la luz en el Consejo de Ministros de este martes.
Explicó que estos proyectos, junto a la nueva ley contra el fraude fiscal, pasaron todos los procedimientos, incluida su fase de audiencia pública, y deben ser avalados en futuras reuniones del Consejo de Ministros.
Con estas figuras tributarias, el Gobierno de coalición español busca afrontar el reto de la globalización, las nuevas formas de negocio y tener un sistema de impuestos más moderno y redistributivo, con el que confía recaudar unos dos mil millones de euros.
En enero de 2019, los gravámenes digital y financiero fueron aprobados por el entonces ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, pero ambas iniciativas decayeron por la disolución de las Cortes Generales (parlamento bicameral) ante la convocatoria anticipada de elecciones.
Cuando se planteó en su momento, el impuesto digital -conocido también como tasa Google- gravaría con un 3,0 por ciento los ingresos de aquellas multinacionales tecnológicas que facturen tres millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo.
Con el canon a las transacciones financieras se pretendía gravar con un 0,2 por ciento las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a mil millones de euros y su recaudación prevista era de unos 850 millones de euros anuales.
Mediante la ley de prevención y lucha contra el fraude, que incluía desde un endurecimiento de la lista de morosos a la limitación de pagos en efectivo por encima de los mil euros, el Gobierno proyectaba ingresar más de 800 millones de euros.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, adelantó la víspera en Bruselas que Madrid es partidaria de retrasar la liquidación de la tasa Google hasta finales de año, en lugar de hacerlo trimestralmente.
De esta forma, el Ejecutivo gana tiempo a la espera de los avances que se puedan producir en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre un gravamen internacional a las empresas tecnológicas.
Todo ello bajo la atenta mirada de la administración estadounidense de Donald Trump, que ya logró frenar la aplicación de una tasa similar en Francia, ante las amenazas de aplicar nuevos aranceles.
Calviño aseguró que se trata de un sistema similar al francés, 'para dar un poco de tiempo y ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional'.
'No se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de la liquidación a final de año', aclaró.
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