La reciente confirmación del asesinato del periodista mexicano de radio Fidel Ávila Gómez, desaparecido desde noviembre, muestra la continuidad del clima de violencia que envuelve a la prensa en México, dijo a Sputnik la responsable de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, Itzia Miravete.
"Es el primer asesinato de este año de un comunicador, y se suma a diez periodistas muertos en 2019, a pesar de que las autoridades de nivel federal, estatal y municipal han hecho muchas promesas de garantizar el derecho a la información", dijo la coordinadora de Documentación y Seguimiento en el área de Protección y Defensa de la organización internacional.
La portavoz del capítulo mexicano de organización, que lleva el nombre del artículo que proclama la libertad de expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hizo un seguimiento del caso, desde que se denunció la desaparición de Ávila Gómez, quien trabajaba como locutor y gerente comercial de la radiodifusora "Ke Buena", en el municipio de Huetamo, Michoacán, centro del país.
La víctima despareció cuando viajó en su automóvil al municipio Altamirano, de Guerrero (sur), para participar en la Expo Feria Cultural y Ganadera, y su cuerpo fue encontrado baleado en una brecha, cerca de un basurero, en los límites de ese estado sureño con Michoacán.
"Estuvimos en contacto con gente cercana a Fidel, con mucha cautela por el miedo que tiene la familia y sus compañeros, y nos han comentado que él se desempeñaba como gerente comercial de la radio y que había ido a cobrar espacios a anunciantes", detalla Miravete.
Aunque los familiares descartan que el asesinato tenga relación con su trabajo como gerente de ventas, "puede tratarse de un ataque a la estación de radio, pero aún no tenemos pruebas del vinculo directo de su labor de comunicador con el asesinato", precisó la defensora de la libre expresión.
La responsable de Artículo 19 apunta, sin embargo, que "es responsabilidad de las autoridades del Estado aclarar el vinculo del crimen con los ataques a la libertad de expresión, como una de sus principales líneas de investigación".
Contexto de violencia
El caso de locutor de radio "sigue siendo consecuencia de la violencia generalizada del país contra todas las personas, que también silencia a los periodistas e impide a la sociedad su derecho a mantenerse informada", prosigue Miravete.
La exigencia de las redes de organizaciones de defensa de la libertad de expresión es "que se establezcan marcos normativos y acciones que garanticen a los periodistas las condiciones para realizar su trabajo sin miedo y con seguridad, sin que la publicidad oficial de los gobiernos se utilice como forma de mordaza", responde la entrevistada.
Los casos de agresiones documentados por la organización indican que "la conducta de los funcionarios públicos sigue siendo una de las principales causas de las agresiones, incentivadas por autoridades que tienden a juzgar quién es un periodista bueno o un periodista malo, juicios vinculados con los enfoques de las coberturas, que son inaceptables", dice la experta de Artículo 19.
Miravete indica que "las expresiones peyorativas del presidente (Andrés Manuel) López Obrador contra la prensa, también son replicadas por autoridades locales, que generan campañas de desprestigio, bloqueos de acceso a la información y a las fuentes oficiales".
Ese clima hostil se refleja en las redes sociales, y proliferan campañas de desprestigio y amenazas, incluso de muerte.
La organización prepara un informe anual de todas las agresiones a la prensa durante 2019 para marzo próximo, pero adelantó un balance semestral según el cual "en México se registra una agresión contra un o una periodista cada 17,4 horas".
De acuerdo con la documentación de la organización "se registraron 249 agresiones durante el primer semestre del año, incluyendo 7 asesinatos de periodistas; y desde el inicio del gobierno federal en turno (1 diciembre 2018), se han registrado 277 agresiones", de distinto tipo, desde amenazas hasta ataques violentos.
El vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, escribió el jueves 9 de enero en sus redes sociales, tras confirmarse la muerte de Ávila Gómez que las autoridades federales "lamentamos su asesinato profundamente, continuaremos trabajando por la libertad de expresión y un México en paz con justicia".
Se necesita "presionar más" al Gobierno para frenar ola de asesinatos a periodistas en México
Las cifras de diez periodistas muertos en 2019 y nueve en 2018 aún no superan las de 2016 (11 asesinatos) y 2017 (12 asesinatos, el registro más alto), sin embargo, hasta ahora es el mismo nivel de violencia padecida por representantes de la prensa en los años 2006, 2008 y 2010.
Hasta ahora, el nivel de violencia contra la prensa es similar al observado en la segunda parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Sputnik
"Es el primer asesinato de este año de un comunicador, y se suma a diez periodistas muertos en 2019, a pesar de que las autoridades de nivel federal, estatal y municipal han hecho muchas promesas de garantizar el derecho a la información", dijo la coordinadora de Documentación y Seguimiento en el área de Protección y Defensa de la organización internacional.
La portavoz del capítulo mexicano de organización, que lleva el nombre del artículo que proclama la libertad de expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hizo un seguimiento del caso, desde que se denunció la desaparición de Ávila Gómez, quien trabajaba como locutor y gerente comercial de la radiodifusora "Ke Buena", en el municipio de Huetamo, Michoacán, centro del país.
La víctima despareció cuando viajó en su automóvil al municipio Altamirano, de Guerrero (sur), para participar en la Expo Feria Cultural y Ganadera, y su cuerpo fue encontrado baleado en una brecha, cerca de un basurero, en los límites de ese estado sureño con Michoacán.
"Estuvimos en contacto con gente cercana a Fidel, con mucha cautela por el miedo que tiene la familia y sus compañeros, y nos han comentado que él se desempeñaba como gerente comercial de la radio y que había ido a cobrar espacios a anunciantes", detalla Miravete.
Aunque los familiares descartan que el asesinato tenga relación con su trabajo como gerente de ventas, "puede tratarse de un ataque a la estación de radio, pero aún no tenemos pruebas del vinculo directo de su labor de comunicador con el asesinato", precisó la defensora de la libre expresión.
La responsable de Artículo 19 apunta, sin embargo, que "es responsabilidad de las autoridades del Estado aclarar el vinculo del crimen con los ataques a la libertad de expresión, como una de sus principales líneas de investigación".
Contexto de violencia
El caso de locutor de radio "sigue siendo consecuencia de la violencia generalizada del país contra todas las personas, que también silencia a los periodistas e impide a la sociedad su derecho a mantenerse informada", prosigue Miravete.
La exigencia de las redes de organizaciones de defensa de la libertad de expresión es "que se establezcan marcos normativos y acciones que garanticen a los periodistas las condiciones para realizar su trabajo sin miedo y con seguridad, sin que la publicidad oficial de los gobiernos se utilice como forma de mordaza", responde la entrevistada.
Los casos de agresiones documentados por la organización indican que "la conducta de los funcionarios públicos sigue siendo una de las principales causas de las agresiones, incentivadas por autoridades que tienden a juzgar quién es un periodista bueno o un periodista malo, juicios vinculados con los enfoques de las coberturas, que son inaceptables", dice la experta de Artículo 19.
Miravete indica que "las expresiones peyorativas del presidente (Andrés Manuel) López Obrador contra la prensa, también son replicadas por autoridades locales, que generan campañas de desprestigio, bloqueos de acceso a la información y a las fuentes oficiales".
Ese clima hostil se refleja en las redes sociales, y proliferan campañas de desprestigio y amenazas, incluso de muerte.
La organización prepara un informe anual de todas las agresiones a la prensa durante 2019 para marzo próximo, pero adelantó un balance semestral según el cual "en México se registra una agresión contra un o una periodista cada 17,4 horas".
De acuerdo con la documentación de la organización "se registraron 249 agresiones durante el primer semestre del año, incluyendo 7 asesinatos de periodistas; y desde el inicio del gobierno federal en turno (1 diciembre 2018), se han registrado 277 agresiones", de distinto tipo, desde amenazas hasta ataques violentos.
El vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, escribió el jueves 9 de enero en sus redes sociales, tras confirmarse la muerte de Ávila Gómez que las autoridades federales "lamentamos su asesinato profundamente, continuaremos trabajando por la libertad de expresión y un México en paz con justicia".
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Las cifras de diez periodistas muertos en 2019 y nueve en 2018 aún no superan las de 2016 (11 asesinatos) y 2017 (12 asesinatos, el registro más alto), sin embargo, hasta ahora es el mismo nivel de violencia padecida por representantes de la prensa en los años 2006, 2008 y 2010.
Hasta ahora, el nivel de violencia contra la prensa es similar al observado en la segunda parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
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