Caicedo era integrante del Concejo Comunitario para el Desarrollo de Comunidades Negras de La Cordillera, en el departamento de Nariño (suroeste) y se desempeñaba como docente, vocero y líder social de la región Bajo Patía en el mismo departamento.
Según el medio local Contagio Radio, el líder social fue asesinado a tiros por desconocidos cuando se encontraba en el municipio Mocoa, departamento de Putumayo (suroeste), a pesar de contar con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección desde el año 2017, después de sobrevivir a un atentando.
En un entorno de persistente violencia, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, llamó esta semana a detener lo que denominó sistemático asesinato de líderes sociales.
'Como Ministerio Público le pedimos al gobierno convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de manera inmediata y que se asegure su funcionamiento, pues la amenaza es latente y hay que contenerla', expresó.
El pronunciamiento tuvo lugar después del asesinato de varios líderes sociales.
Una de las víctimas más reciente fue Reinaldo Carrillo, quien pertenecía a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y era miembro del comité de paz de la organización y trabajaba en temas agrícolas de la región, reportaron medios locales de prensa.
El hecho se conoció después de divulgarse el asesinato se la lideresa social Lucy Villarreal en la comunidad de Llorente, perteneciente al municipio Tumaco, en Nariño. El Proceso Social de Garantías para la labor de los defensores de derechos humanos denunció lo sucedido y precisó que Villarreal se dedicaba a la promoción de la cultura en su territorio y a la defensa de derechos humanos.
Los hechos se habrían registrado cuando la lideresa terminaba de impartir un taller a menores de edad.
La comunidad de Llorente hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los motivos tras el homicidio y se realicen las capturas pertinentes.
A inicios de esta semana también trascendió el crimen cometido contra dos ambientalistas: Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve en el municipio de Santa Martha, perteneciente al departamento Magdalena (norte).
Sus cuerpos sin vida fueron localizados con signos de tortura y con capuchas en sus cabezas el 23 de diciembre último.
Los asesinatos tuvieron lugar después de más de un mes de protestas antigubernamentales, contra la violencia y por la paz en el país.
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