Aún en medio de las presiones de Washington sobre un número de empresas de ensamblaje, distribución y envío de alimentos, y las sanciones a más de una decena de navieras que los trasladaban, el Estado bolivariano logró distribuir más de 120 millones de cajas con 12 productos alimenticios de la cesta básica, como parte de la política de protección alimentaria.
Con alternativas e iniciativas locales el gobierno continúo el ritmo de entrega y los 33 mil comités organizativos llevaron a más de seis millones de familias (80 por ciento de los hogares del país), esas cajas.
Entre las variantes utilizadas se realizaron transacciones comerciales con países aliados, además de sostener el suministro interno con parte del sector privado con quienes el Ejecutivo firmó acuerdos para que 50 por ciento de los alimentos procesados con materia prima otorgada por el Estado se dispongan para los CLAP.
De igual forma con la puesta en marcha del Sistema Ceas-Patria (Sistema Nacional de Control para la entrega de alimentos subsidiados a la familia venezolana) se establecieron las prioridades del suministro alimentario con base en la densidad poblacional.
Así los 38 centros nacionales de empaquetamiento que ensamblan, clasifican y distribuyen unos cinco millones 400 mil cajas de CLAP lograron una mayor efectividad en su entrega.
Basado en la organización de la comunidad, el sistema es único en el mundo, abarca más de 33 mil comunidades organizadas y los números revelan el avance que se ha obtenido desde 2016, cuando el presidente, Nicolás Maduro, creó esa estrategia de administrar alimentos básicos en medio de la guerra económica y las medidas coercitivas y unilaterales de la Casa Blanca.
Desde que inició el programa hasta 2019 el número de familias beneficiadas se ha quintuplicado, lo que echa por tierra la propaganda de la derecha sobre que esa ayuda sólo llega a los partidarios del gobierno.
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