Representantes del Ejecutivo bolivariano y varios partidos opositores sostuvieron una reunión en Caracas con una agenda centrada en dar continuidad a los seis puntos suscritos en materia política, económica y electoral, entre otros.
El encuentro contó con la participación de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe, entre otras autoridades del Ejecutivo.
Mientras, por la oposición participaron el presidente del movimiento Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci; Timoteo Zambrano (Cambiemos), Luis Romero (Avanzada Progresista) y Felipe Mujica (Movimiento al Socialismo), reseño el diario Últimas Noticias.
Al término de la jornada de conversaciones, las partes informaron que durante la semana próxima se ofrecerán a la opinión pública 'grandes anuncios' en pos de la convivencia pacífica y el fortalecimiento del orden democrático en la nación sudamericana.
Desde su instalación en septiembre último hasta la fecha, la Mesa de Diálogo Nacional reportó avances como la reincorporación de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional, parlamento declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, las negociaciones condujeron a activar los mecanismos legales para la renovación del Consejo Nacional Electoral, de cara a los comicios parlamentarios previstos para 2020.
La Mesa de Diálogo Nacional continuó sus trabajos en medio de un escenario político marcado por el escándalo de corrupción en el entorno del titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y sus aliados reconocen como presidente interino del país, en acto calificado por Caracas como intento de golpe de Estado.
En tal sentido, el Ministerio Público de Venezuela dio curso esta semana a una investigación por las denuncias emanadas de diversos sectores del órgano legislativo, por supuestos manejos turbios de recursos y activos expropiados a Venezuela en el exterior, como parte de las agresiones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El grupo parlamentario Bloque de la Patria, compuesta por el PSUV y demás partidos afines al Ejecutivo bolivariano, presentó ante el fiscal general Tarek William Saab una solicitud de pesquisa sobre la gestión de fondos millonarios destinados supuestamente a fines humanitarios.
Saab indicó que las autoridades del Ministerio Público ya estaban en conocimiento de la red delictiva, develada recientemente por Humberto Calderón Berti, exrepresentante de Guaidó ante el gobierno de Colombia.
El Bloque de la Patria demandó investigar a un grupo de diputados que forman parte de las Comisiones de Contraloría y de Energía y Petróleo, por los señalamientos de corrupción denunciados en el Legislativo.
En tal sentido, el legislador del PSUV y jefe de la bancada bolivariana, Francisco Torrealba, instó a las autoridades de la Fiscalía a acelerar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, para que se determine con claridad la implicación de esos sectores de la oposición en el desfalco de los activos del país.
El diputado opositor José Brito aseguró en recientes declaraciones a la prensa que 70 parlamentarios de la oposición exigieron al presidente de la Asamblea Nacional explicar el destino de cientos de millones de dólares enviados por Estados Unidos para supuesta ayuda humanitaria.
Tales recursos provendrían de los activos ilegalmente expropiados a empresas como Monómeros Colombo-Venezolanos, filial en Colombia de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), y Citgo Petroleum, propiedad de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos.
Los fondos son administrados por la directiva del Legislativo bajo su exclusiva discreción y la directiva de las mencionadas entidades se encuentra bajo la dirección de gente cercana al partido de extrema derecha Voluntad Popular, al cual pertenece Guaidó.
Desde su autoproclamación como presidente encargado el 23 de enero de 2019, el Gobierno de Venezuela denunció en reiteradas ocasiones la participación de Juan Guaidó en el desfalco de los activos del Estado, así como los llamados a generar un cambio de régimen por vías antidemocráticas, y sus nexos con paramilitares colombianos.
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