Según los organizadores, el Gobierno busca restringir al máximo la protesta social. También busca criminalizar y estigmatizar a los que se movilizan, acorde con reportes divulgados por la Agencia de Información Laboral.
La ciudadanía también marchará contra la reforma laboral pues gremios afines al Ejecutivo propusieron la reducción del salario para los jóvenes y dijeron que éstos solo deberían recibir el 75 por ciento del mínimo.
La reforma pensional es otra de las razones para marchar pues los organizadores del paro dicen que se podría dar una eliminación de la pensión como derecho de los trabajadores mientras que el presidente Iván Duque insiste en que no existe ninguna reforma laboral ni pensional presentada por su Gobierno.
Los movilizados también se pronunciarán contra las privatizaciones pues opinan que el Gobierno podría estar pensando privatizar electrificadoras regionales y todas las empresas dónde la participación del Estado sea inferior al 50 por ciento.
La corrupción y el incremento de las tarifas que el Ejecutivo quiere implementar, también están detrás de las marchas.
Según los organizadores del paro, es necesario protestar contra la reforma tributaria que pretende rebajar los impuestos a las grandes empresas y multinacionales e imponer más tributos a la clase media y a los trabajadores.
Con relación al salario mínimo, se exigirá que el mismo permita tener una vida digna y que cubra la canasta familiar.
Asimismo, los movilizados pedirán que el gobierno nacional cumpla los acuerdos que firmó con Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, los trabajadores estatales y los estudiantes.
De la misma manera, se demandará que cumpla los compromisos con el agro y con los indígenas, así como con el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP.
Los días previos al paro estuvieron marcados por el rechazo a los allanamientos realizados en varias ciudades contra organizaciones sociales y sindicales que promueven la iniciativa de este jueves.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) repudió lo que considera militarización y los pronunciamientos hechos por el Gobierno de dejar abierta la posibilidad de decretar un toque de queda en todas las ciudades del país, en el contexto del paro.
La CUT exigió al Ejecutivo 'garantizar efectivamente el derecho a la protesta social y cesar la campaña de miedo, temor e intimidación que es un claro atentado contra el paro nacional pacífico y masivo del 21 de noviembre'.
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