Un portavoz del Departamento de Justicia explicó que la orden estará en vigor hasta el próximo día 15 y veda la difusión en cualquier medio online de contenidos vinculados a las amenazas, agresiones a personas y vandalismo a la propiedad pública.
'Quienes participan en protestas ilegales abusaron de la naturaleza anónima e instantánea de las comunicaciones y acceso a las plataformas digitales, para promover el uso de armas, movilizar a otros en los daños a las propiedades y lastimar a individuos, particularmente a policías', acotó.
Según el vocero, ayer su entidad solicitó el recurso como responsable de velar por los intereses del público y se aplicará a quienes asesoren, organicen o instiguen los actos violentos.
Desde junio pasado, especialmente cada fin de semana, miles de manifestantes desafían las prohibiciones gubernamentales, salen a las calles de Hong Kong e incurren en intensas revueltas.
Por lo general apelan al lanzamiento de bombas Molotov contra las estaciones de policía, altercados, la destrucción de estaciones ferroviarias y vandalismo en fachadas de establecimientos comerciales vinculados a la parte continental de China, lo cual conlleva a las fuerzas del orden a proceder con medidas antidisturbios.
Desde el inicio de la inestabilidad en la llamada Perla del Oriente, los líderes del país asiático advierten sobre la existencia de una agenda separatista alimentada por fuerzas externas de Occidente.
Lo que comenzó con marchas en rechazo a una ley de extradición -oficialmente eliminada- se convirtió en un movimiento hostil que siempre termina en choques y hasta agresiones a personas con puntos de vista distintos.
La crisis se deterioró aun más desde el 1 de octubre, especialmente con la prohibición al uso público de mascaras, y llegó al punto de que la policía endureció las medidas antidisturbios para controlar a las masas más extremistas y evitar acciones de corte terrorista.
Según reconoció el mismo Gobierno local, con el descontento salieron a flote muchas problemáticas políticas, económicas y sociales como los altos precios de las viviendas, la distribución de la riqueza y oportunidades al público de opinar sobre las decisiones estatales, entre otras.
Los manifestantes exigen, además, la liberación de los apresados, sufragio directo, investigar la conducta policial y dejar de denominar las marchas como disturbios.
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